Ribera Salud, la adjudicataria de varios hospitales públicos de gestión privada, replicó ayer a la vicepresidenta del Consell Mònica Oltra, que ha invertido 135,5 millones, el 96 % de lo pactado en la concesión, cuando todavía faltan dos años para finalizar el contrato. La empresa pide amparo al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para que acabe con lo que considera una «campaña de insidias». Oltra aseguró en la rueda de prensa del Consell del pasado viernes que el Gobierno del PP modificó los contratos de las concesiones sanitarias en determinados departamentos de salud para que no tuvieran que invertir todo lo estipulado en el concurso.

Concretamente, la vicepresidenta y portavoz manifestó públicamente que la gestora del departamento de Dénia (DKV y Ribera Salud) estaba obligada a efectuar una serie de infraestructuras de mejora según el contrato de adjudicación, pero el Consell del PP les habría exonerado. También acusó al departamento de la Ribera (gestionado por Ribera Salud) de estar por debajo de la inversión a la que le obliga la ley.

En un comunicado emitido ayer por la empresa valenciana apuntó que «es falso que Ribera Salud haya invertido en el departamento de salud de La Ribera menos de lo que estipula el contrato». Según cuantificaron, «se ha invertido ya a dos años de finalización del contrato 135,5 millones de euros, que representa el 96% de los 140 millones comprometidos en el contrato, y solo en el último año 2015 se han invertido 3,8 millones de euros».

Según Ribera Salud, este hecho «es constatable y así se refleja en la auditoría de inversiones que la Conselleria de Sanitat realizó al departamento el pasado verano y cuyos resultados son satisfactorios como nos comunicó la propia conselleria». «Desde Ribera Salud tenemos el máximo interés en que se hagan públicos los resultados de esta auditoría y solicitamos a la Generalitat que los publique en aras de la transparencia y la responsabilidad con los ciudadanos».

Y es que el actual Consell bipartito busca conocer la foto real de los departamentos de salud privatizados. El pasado 20 de noviembre, el Ejecutivo de PSPV y Compromís aprobó que la Intervención General realice los controles necesarios de carácter financiero a las concesionarias que atienden al 20 % de la población de la Comunitat Valenciana.

Ribera Salud afirma que «cumple estrictamente con el plan de inversiones previsto en el contrato con La Ribera, así como en el resto de las concesiones en las que participa, e incluso en las concesiones de Denia y Torrevieja el plan de inversiones es superior a lo establecido por contrato». Además, reiteró que el departamento de salud de La Ribera liquidará la cantidad resultante de las liquidaciones de los años 2008-12, «5,1 millones a favor de la Conselleria de Sanitat que se les comunicó el pasado mes de febrero de 2016 en los plazos acordados con la actual administración pública».

«Que publiquen los informes»

Desde la empresa que preside Alberto de Rosa defendieron que «las concesiones han estado continuamente auditadas de manera integral; en el área asistencial con los acuerdos de gestión de la conselleria y las auditorías por servicios y en el área económica con las auditorías de inversiones y de cuentas». «Instamos a que se hagan públicos los informes oficiales que avalan estas declaraciones sobre las concesiones, porque creemos que no es responsable hablar de sospechas e impresiones cuando se trata de un tema tan serio», solicitaron.

La firma ha pedido amparo a Ximo Puig para que «ponga fin a esta campaña de insidias y persecución al sector empresarial que dinamiza el empleo y la economía de la Comunidad Valenciana». Ribera Salud recordó que da empleo a 4.000 personas y ha invertido 500 millones.