Convencidos casi desde un primer momento y arropados por la decisión de Rita Barberá de no dimitir hasta que se abra juicio oral, el Grupo Popular de Valencia, nueve de cuyos diez miembros están «investigados» en esta pieza separada del caso Imelsa, compareció minutos después de su antigua jefa para asegurar también que en el sumario no hay «pruebas de cargo» contra ellos y que por tanto van a seguir con su actividad normal en el Ayuntamiento de Valencia.

Alfonso Novo, que ayer continuó actuando como portavoz del Grupo Popular, descalificó las conversaciones y declaraciones de su excompañera María José Alcón recordando que es ella la que está siendo investigada «por actuaciones que parecen claramente ilícitas». Y también puso en cuarentena las declaraciones inculpatorias de varios asesores que se negaron a ingresar los mil euros para luego recuperarlos en metálico.

«Es la palabra de cuatro o cinco testigos frente a 49 personas que siguen siendo investigadas», dijo Novo, advirtiendo al mismo tiempo que cada uno de ellos «se reserva el derecho de emprender acciones judiciales» por falsas acusaciones.

En estas condiciones y convencido de que el proceso no tendrá muy largo recorrido, Alfonso Novo, que compareció en el grupo flanqueado por Beatriz Simón y Cristóbal Grau y con el resto de concejales en la sala, aseguró que no dimitirá nadie. También para él mandan los estatutos del partido —dimisión cuando se abra juicio oral—, aunque asegura que ha hablado con Isabel Bonig, presidenta regional del PP, y se han emplazado a una conversación más adelante para analizar los hechos según se produzcan.

En esa misma línea, Alfonso Novo pidió al alcalde de Valencia; Joan Ribó, que respete la presunción de inocencia y que «mientras no haya sentencia que espere, que no firme la destitución de los asesores», pues eso lo entendería como un intento de destruir al Grupo Popular y su labor de oposición en el ayuntamiento.