Al margen de la postura política, el Consell de Ximo Puig quiere estar preparado para enfrentarse jurídicamente el ultimátum de Montoro. De hecho, no se descarta, llegado el momento, a llevar a los tribunales al Gobierno central. Presidencia está estudiando una sentencia del Tribunal Constitucional que podría poner pegas a las medidas coercitivas de Montoro, sobre todo, si al final, el castigo del Gobierno central se concreta en la retención de fondos de la financiación. Por la vía de la morosidad en los pagos, Montoro, por primera vez, ha aplicado las medidas más extremas de la ley y ha decido quedarse con dinero de las autonomías morosas para pagar directamente a los proveedores.
La Comunitat Valenciana está en alerta por sus reiterados incumplimientos en los plazos fijados por la ley y cuyo cumplimiento depende del manguerazo del FLA.
La sentencia en cuestión, que se hizo pública en marzo, cuestionaba que Montoro requisara dinero a las autonomías porque a su vez estas no cumplían con los ayuntamientos. La razón es que se atentaba contra su autonomía financiera. El fallo indicaba que la autonomía financiera era un bien a proteger y que es inconstitucional que el Estado lo retenga porque es un instrumento indispensable para la autonomía política. El Consell estudia si es extrapolable a su situación.
