La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas está ultimando la elaboración de los pliegos para la convocatoria de un concurso que se convocará por procedimiento abierto para la adjudicación de alrededor de 3.300 plazas en residencias para personas mayores, con las que se pretende atender la situación creada por la anulación de una parte del modelo de concertación de plazas ejecutado por el anterior gobierno.
La secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas, compareció ayer en las Corts, en la primera sesión de la comisión especial para investigar del proceso de adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad para las personas dependientes. En concreto a los centros del grupo Savia, formado por una decena de empresas entre las que figuran Lubasa o Sedesa „propiedad de la familia Cotino„, además del empresario Enrique Ortiz. La comisión pretende esclarecer si hubo trato de favor en la adjudicación de más de 6.600 plazas de personas mayores, ya que un 40% de ellas fueron a parar a empresas vinculadas a la familia Cotino.
En dicha comisión Sandra Casas explicó que el Consell está trabajando para «poner orden» en este sector tras el «desaguisado» que creó el anterior ejecutivo. Casas recordó que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana emitió el pasado mes de enero una sentencia en la que se declaraba nula una resolución de la Conselleria de Bienestar Social „en la etapa de gobierno del PP„ por la que se adjudicaban estas plazas concertadas. La sentencia argumentaba que la cláusula de exclusividad que en su día se firmó con las empresas adjudicatarias es «contraria a derecho».
Según explicó la alto cargo, la interpretación que hizo el entonces conseller Rafael Blasco para favorecer esta exclusividad no contaba con los informes jurídicos y económicos que requieren este tipo de decisiones, y que en este caso no aparecen adjuntados en el expediente de contratación que está en la conselleria.
La secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal detalló que nada más tener conocimiento de esta sentencia, la conselleria envió una instrucción a las direcciones territoriales para que no tramitara nuevos expedientes dirigidos a las residencias afectadas y se puso a trabajar en una solución para este problema, que pasa por la convocatoria de un concurso por procedimiento abierto «para que todas las empresas interesadas que lo deseen se puedan presentar».
«Los problemas en las residencias de mayores se van a arreglar poco a poco, contando con el sector empresarial de las residencias, aunque sin favorecer a nadie, con libre concurrencia y transparencia», destacó Casas, quien añadió que en este camino también van a contar con las residencias públicas, que el antiguo gobierno dejó «languidecer» durante años. Para atender la situación actual también se va a contar con alrededor de 500 plazas de residencias públicas municipales que el PP tenía vacías, a pesar de que „según afirmó„ seguía enviando personas mayores a las residencias del modelo de accesibilidad.
Aerte ve voluntad de «beneficiar»
Por su parte, el presidente de Aerte, José María Moreno Peñas, consideró ayer que hubo voluntad de «beneficiar», aunque sin citarlo, a los centros del grupo Savia, formado por una decena de empresas, algunas propiedad de la familia Cotino y del empresario Enrique Ortiz, y que el resto de empresas que participaron en el programa de adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad para dependientes «se subieron al carro». En ese sentido, recalcó que «se han incumplido de forma reiterada todos» los pilares del concurso inicial, que ya de por sí eran «nefastos», lo que llevó a muchas de las empresas a desistir de presentarse cuando sí que hubieran concurrido con las condiciones posteriores. Además, cuestionó que se nombrara a Juan Cotino conseller de Bienestar Social cuando su sobrino era adjudicatario en este concurso.
Al respecto, ha argumentado que "evidentemente había unas empresas que era un grupo y el resto estaban en ese mismo programa". "Qué duda cabe que cualquier empresa que esté en el programa no iba a decir que no, todas se han subido al carro, pero la idea no era beneficiar al resto de las empresas pero no se podía hacer beneficiando sólo a uno. O se lanzaba un programa o no se lanzaba nada. No se podía beneficiar sólo a una parte", ha expuesto.
