El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha abierto una queja de oficio para conocer las modificaciones que tiene prevista la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para conferir a los ayuntamientos la competencia en la valoración de los expedientes de solicitud de dependencia.
Según la información recibida en la Sindicatura desde algunos ayuntamientos de la provincia de Alicante, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas «ha encargado la tarea de valoración de dependencia a los trabajadores sociales del Servicio de Atención a la Dependencia de los ayuntamientos (SAD)».
El defensor del pueblo valenciano asegura en un comunicado que resulta «indiscutible» el beneficio que supondría la realización de estas tareas por parte de los servicios sociales municipales, «por su proximidad y conocimiento cercano de las necesidades de las personas».
Sin embargo, destaca que comparte la «preocupación» de los ayuntamientos que se han dirigido a esta institución para hacerles llegar «las dificultades» con las que se van a encontrar a la hora de poner en funcionamiento este nuevo modelo de gestión, que comenzará el 1 de mayo en la provincia de Alicante y se extenderá progresivamente a las de Castelló y Valencia.
De esta forma, el síndic se ha interesado por los cambios normativos y administrativos previstos para la ejecución de estas modificaciones así como la repercusión que esta medida «podría tener en la gestión del resto de competencias que vienen prestando los servicios sociales municipales afectos».
«Escasa dotación económica»
Según el síndic, además del soporte normativo con el que deberían contar los equipos profesionales de los SAD a la hora de asumir esta nueva función, los municipios les han trasladado otras dificultades como «la escasa dotación económica a los ayuntamientos o la formación y experiencia de los profesionales que van a asumir las tareas de valoración».
Sobre este último asunto, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha impartido un curso de 70 horas dirigido a los profesionales que van a hacerse cargo de esta nueva tarea, formación que los ayuntamientos consultados por el Síndic consideran «insuficiente».
