El pleno del Consell aprobó ayer la disolución de la empresa Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas (DUVP), encargada de la construcción de viviendas protegidas tras las graves irregularidades detectadas.

Previamente, y tal como informó Levante-EMV, la consellera Maria José Salvador denunció los hechos en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que ya investiga las operaciones supuestamente fraudulentas iniciadas por la firma.

Oltra explicó que la mercantil se creó en 2004, con un capital social de 600.000 euros y con una participación del 49 % del Instituto Valenciano de la Vivienda y del 51 % de la empresa Urbana Ducat SL.

Tal como relató este diario en su edición de ayer, seis años después el IVVSA pasó a ser socio mayoritario de la misma, con una ampliación de capital para tener el 51 % sin la autorización preceptiva del Consell.

Asimismo, la vicepresidenta se ha referido a la venta en 2005 por parte del IVVSA a esta mercantil de un solar en Alaquàs, propiedad de la Generalitat, para la construcción de vivienda sociales, «una promoción que se podría haber realizado directamente pero que se vendió por un importe de tres millones de euros».

«Hemos pasado de tener un solar a perderlo y tener que pagar tres millones de euros», denunció Oltra, quien calificó de «estafa» los hechos y destacó que éste es el modelo del antiguo Gobierno del PP, un modelo pensado para» desposeer de bienes y recursos a los valencianos» mientras unos «empresarios sin escrúpulos» se llenan los bolsillos.

Oltra invitó a Les Corts Valencianes a hacerse eco de este asunto y abrir una comisión de investigación, y destacó que esta empresa incumplió los procesos de contratación ya que otorgaba contratos por cuantías muy elevadas, en algún caso de hasta 15 millones, a empresas de familiares directos, como hijos o hermanos.