La jefa de gabinete del conseller de Infraestructuras en 2006, Maria Ángeles Ureña asegura que tras el accidente que costó la vida a 43 personas, José Ramón García Antón no dimitió «por responsabilidad» y para que no se dijera «que él era el culpable porque no se había hecho nada en la Línea 1 de Metrovalencia».

Ureña, que actualmente es presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a pesar de estar imputada por las presuntas irregularidades en el «Caso Vaersa» cuando fue secretaria autonómica de Medio Ambiente, se desmarcó de la gestión realizada por Juan Cotino con las víctimas del accidente del metro. «Desde la Consellería de Infraestructuras sólo nos encargamos de averiguar las causas del accidente e intentar restablecer la circulación en el transporte público y que los ciudadanos recuperarán la confianza en él».

Respecto a la anterior comisión, Ureña ha defendido que «se aportó toda la documentación que se tenía, con transparencia y rigor, a las Corts y la ciudadanía». Aunque al ser interrogada sobre los vetos a los comparecientes o el amaño de las comparecencias de los técnicos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a través de la consultora H&M Sanchis centrifugó responsabilidades. «La decisión sobre las comparecencias se tomaron a nivel del grupo parlamentario». Y añadió: «Desde la Consellería de Infraestructuras no se tuvo ninguna relación con la consultora H&M Sanchis», contratada por la gerente de FGV, Marisa Gracia, aunque respondió a la ocultación de los descarrilamientos previos del primer tren implicado en el descarrilamiento o la ocultación de la auditoría de riesgos laborales realizada a FGV. «Se investigó el accidente como se tenía que investigar: con informes externos de varias universidades y peritos externos a FGV», ha defendido la ex jefa de gabinete de García Antón, fallecido en agosto de 2009.