El bloqueo en las negociaciones entre los grupos parlamentarios de las Corts en torno a la renovación de la Sindicatura de Comptes podría dejar durante un tiempo indefinido esta institución en manos del PP. El mandato de los tres síndicos expira este mes, pero el tripartito no se ha puesto de acuerdo sobre su renovación, entre otras cuestiones porque Podemos quiere cambiar a través de la reforma de la ley cuestiones capitales del funcionamiento de la Sindicatura.
El bloqueo en el relevo del órgano fiscalizador podría no ser un problema si no fuera porque el síndic mayor, Rafael Vicente Queralt, ya ha comunicado a los grupos políticos su intención de jubilarse a de forma inmediata. Como mucho acepta quedarse en funciones 15 días, pero no los dos meses que le piden hasta que se publique la nueva ley, que aún tiene que superar el período de enmiendas.
Y esto sí es un contratiempo para el Consell porque su renuncia conllevaría que, de forma provisional, se hiciera cargo de la institución la síndica nombrada a instancias del PP, Marcela Miró.
La ley de la Sindicatura y su reglamento establece que en caso de ausencia, enfermedad o fallecimiento del síndic major, asumirá sus funciones el de mayor antigüedad o, en su defecto, el de mayor edad. Miró y el otro síndic, el designado a instancias del PSPV, Antonio Mira-Perceval, llevan el mismo tiempo en la Sindicatura (desde 2004), pero la primera es la de mayor edad. La conclusión es que en ausencia de acuerdo, Miró tendrá el poder sobre la institución. Marcela Miró fue consellera de Bienestar Social con Eduardo Zaplana. El expresidente de la Generalitat premió su paso por el Consell con la presidencia de las Corts. Cuando expiró su mandato regresó a su cátedra en la Universidad Politécnica, aunque al año, Francisco Camps pensó en ella para la Sindicatura de Comptes. Miró subraya en su currículum que ocupó cargos políticos con el Consell popular como independiente. De hecho, en su cargo en la Sindicatura ha mantenido un perfil discreto, si bien estuvo muy vinculada al PP.
En unos días, podría convertirse en la nueva responsable del órgano encargado de fiscalizar toda la gestión del nuevo Consell, tanto en el ámbito de la Administración como en su sector público.
Preocupación en el tripartito
El asunto preocupa al tripartito . Este mismo lunes, el síndic de Podemos, Antonio Montiel, pidió a Vicente Queralt que prorrogue su mandato al menos dos meses. Sin embargo, según las fuentes consultadas, el actual Síndic Major, a sus 74 años, quiere irse ya.
La renovación va para largo porque se encuentra con dos problemas. El primero, la ley de Podemos que, al menos el PSPV, no acepta en algunos aspectos clave. Por ejemplo, los socialistas que aspiran a que Antonio Mira-Perceval sea el nuevo síndic major, no aceptan el veto en la institución a personas que hayan tenido vínculos con la política. Podemos plantea que la elección de los síndicos cambie de tal manera que sea suficiente una mayoría simple en lugar de una cualificada. Vía libre para, por ejemplo, que el PP hubiera impuesto a los síndics desde 1999 hasta 2015, los años en los que se aceleró el descontrol en las cuentas públicas y los casos de corrupción.
También es conflictivo el quien. El PSPV entiende que el principal partido de la oposición, es decir, el PP, debe estar representado. También los socialistas, principal partido del gobierno. Como sólo hay tres miembros plantean que el tercero salga de un acuerdo entre Ciudadanos, Compromís y Podemos. En un momento dado, cedería la presidencia.
El encuentro del lunes también sirvió para plantear cuestiones que los síndicos del órgano fiscalizador quieren introducir en la reforma de la ley, como la incorporación de sanciones a las entidades públicas que no colaboren en la rendición de cuentas, como ocurre aún hoy con numerosos ayuntamientos y también fiscalizar a otras entidades que reciban ayudas del Consell. Los síndicos enviarán por escrito a las Corts esas peticiones.
El PP también rechaza de plano la proposición de ley de Podemos que consideran un «esperpento» y advierten de carencias jurídicas o del hecho que no sea necesario ni titulación para dirigirla. Compromís también prefiere esperar.
