El juez valenciano Fernando Presencia Crespo ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) a diez años de inhabilitación y una multa de 3.600 euros por prevaricación, al considerar que favoreció a un amigo abogado al que juzgó.
Según la sentencia que ayer hizo pública el TSJ castellanomanchego, la inhabilitación incluye que el hasta ahora magistrado que ejercía en Talavera de la Reina (Toledo), pierde «de forma definitiva» este cargo y tampoco podrá optar en los próximos años a «cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial» o fuera de él. Además, deberá pagar 10 euros al día equivalentes a los doce meses de pena de prisión que también le sancionan, lo que hacen un total de más de 3.600 euros.
La condena llega después de haberse probado un delito de prevaricación al juzgar a C. L. C, a quien acusaban de un presunta omisión de socorro al darse a la fuga después de un atropello en la ciudad tudelana. El tribunal castellanomanchego considera que Presencia dictó sentencia sin las pruebas necesarias, «a falta por el procedimiento por las lesiones imprudentes, sin haber practicado la prueba que se le ofrecía y con la sola declaración exculpatoria del denunciado», que aseguró no haber socorrido a la víctima «porque no se percató» a causa de la lluvia.
El TSJ concluye, por tanto, que «el quebrantamiento del derecho objetivo» fue «con voluntad (...) específica de dictar resolución injusta» ya que se comprueba que existe «una estrecha amistad» entre ambos, como se puede leer en la sentencia. «Fernando Presencia era amigo del abogado imputado, ambos residían en viviendas vecinas, comían y cenaban juntos habitualmente en un bar (...) y se desplazaron a Valencia», apunta el documento, que detalla incluso que Presencia alojó en su casa de Valencia al abogado, en una visita a la ciudad, o que el apartamento en el que vive el juez en Talavera de la Reina lo consiguió por mediación de C. L. C.
La Fiscalía pedía penas de 18 meses de multa con una cuota diaria de 50 euros y la inhabilitación especial por tiempo de 15 años y la defensa solicitó la libre absolución el 13 de mayo, cuando se celebró el juicio oral, después de que el pasado 5 de mayo fuera detenido y puesto en libertad. Finalmente, la sentencia le condena a una inhabilitación de 10 años y multa de 10 euros al día durante 12 meses, «a la vista de la previsible disminución de los ingresos del reo como consecuencia de la pena de inhabilitación».
Cuando transcurran los diez años de inhabilitación, Fernando Presencia puede solicitar su readmisión a la judicatura. El Consejo General del Poder Judicial será la instancia que decida acerca del reingreso en caso de que el afectado la solicite.
«Ataque personal»
Ante la sentencia, que se hizo pública ayer, el magistrado cree que responde a su lucha «contra la corrupción». «Era de esperar, porque yo acusé a Vicente Rouco [presidente del TSJCM] de ser la X en la corrupción de Castilla-La Mancha», afirmó el juez, y añadió que «hay una relación causa-efecto inmediata, porque la querella que acaba con mi condena se inicia en virtud de una denuncia del fiscal jefe de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz, después de que yo le denunciara ante Fiscalía Anticorrupción», detalló el magistrado. El Supremo inadmitió en diciembre esa querella. Presencia asegura estar «tranquilo» y anunció que recurrirá «una sentencia mordaza en toda regla» en casación ante el Tribunal Supremo, a lo que tiene derecho.
Presencia, responsable de la tramitación del concurso de acreedores de grandes constructoras como Llanera o el del Levante UD, ya fue trasladado forzosamente en 2013 desde el juzgado de lo Mercantil 2 de Valencia a Talavera de la Reina por una falta muy grave en su intervención en la organización de un máster de Administración concursal.
El Tribunal Supremo lo condenó a pagar 3.000 euros como autor de una falta muy grave por los procesos concursales que organizaba. El exmagistrado asignó una suspensión de pagos de 300 millones a tres alumnos y al codirector de su máster. Los honorarios que perciben los profesionales por un concurso de esta cuantía pueden rondar el medio millón de euros.
Además, la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial impuso en febrero una multa de 2.000 euros al ex magistrado de lo Mercantil por ausentarse sin permiso de su juzgado para asistir el pasado 8 de mayo a la vista de su divorcio en Valencia, lo que obligó a suspender cinco juicios. El promotor de la acción disciplinaria pedía que fuera suspendido por un año y la Fiscalía solicitaba tres.
