La exconsellera de Cultura y exportavoz del Consell, Lola Johnson, centrifugó responsabilidades en su declaración de cuatro horas ante la jueza que investiga las presuntas irregularidades en la gestión de la Fórmula 1 y la posterior compra de la empresa organizadora, Valmor Sport. «Vengo a que se sepa toda la verdad y cuanto antes que se pueda aclarar», declaró a la salida de la Ciutat de la Justicia. No dio más detalles.

Ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, Beatriz Sobremonte, sí especificó que firmó el documento del 19 de julio de 2011 (un día antes de la dimisión de Francisco Camps por la causa de los trajes) mediante el cual el Consell prestaba el aval a Valmor y asumía el canon anual de 26 millones de dólares se realizó «por orden de Camps» a través de Belén Reyero, trabajadora de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), que dependía de «Presidencia y vicepresidencia de la Generalitat». Otras fuentes insisten en que Camps no intervino y que Reyero rendía cuentas a vicepresidencia.

Respecto a la polémica compra de Valmor, Johnson apuntó sobre todo a la exvicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León, como la responsable de «ofrecerse a Roig y Aspar para buscar una solución» cuando los empresarios trasladaron la delicada situación de Valmor.

El expresidente Alberto Fabra «nos trasladó que teníamos un problema procedente del gobierno anterior, que se debía solucionar» por lo que la compra de Valmor y sus deudas de 15 millones por un euro la gestionaron los vicepresidentes Sánchez de León y Vicente Rambla.