El informe elaborado por el exgerente del Hospital Provincial de Castelló Rafael Arce sobre las irregularidades en el centro tuvo su origen en la factura mensual de 6.306 euros que cargó la empresa de mantenimiento por el cuidado de la piscina de rehabilitación. Un importe que Arce consideró desorbitado y que le llevó a revisar las facturas y contratos heredados de sus predecesores.
Fuentes cercanas al hospital confirmaron a este diario que los pagos relacionados con el mantenimiento de la piscina (de pequeñas dimensiones) generaron tensiones entre el exgerente y la empresa que prestaba el servicio. Rafael Arce se opuso a seguir abonando 6.306 euros al mes y ordenó que el personal del centro asumiera esta tarea. De forma paralelo, decidió fiscalizar los contratos y pagos del centro, detectando un cúmulo de posibles irregularidades que plasmó en su informe de incidencias.
Arce trasladó dicho informe a los servicios jurídicos del hospital para que determinaran si los hechos que había descubierto podían ser constitutivos de alguna irregularidad, pero no obtuvo respuesta. Además, pidió la incorporación de un segundo interventor para extremar el control sobre las cuentas, pero no le fue concedido. Como tampoco logró un auditor interno.
Mecanismo de control
La consellera de Sanidad, Carmen Montón, presidió ayer la reunión del consejo de gobierno del Hospital Provincial, que convocó de urgencia para abordar la denuncia interpuesta por su departamento ante la Fiscalía Anticorrupción tras detectar facturas irregulares por 25 millones de euros correspondientes a la etapa del PP. Montón anunció un mecanismo de control para evitar nuevas irregularidades. La consellera se encontró con el plantón del presidente de la diputación, Javier Moliner, quien delegó en el vicepresidente primero, Vicent Sales. Éste anunció una querella por difamación contra Montón, a la que acusó de airear con fines electoralistas «hechos falsos».
La pugna entre la Generalitat y la diputación por el control del consorcio que rige el Hospital Provincial se ha convertido en una guerra encarnizada después de la denuncia de la conselleria en la que implica al presidente de la diputación, Javier Moliner. La titular de Sanidad cuestionó que la diputación reclame ahora documentación que se generó durante el mandato del PP. «El informe del anterior gerente es de junio de 2015 y el que elaboró la Intervención de la Generalitat, de 2013», dijo Montón.
