Tres de los empresarios detenidos en el «Caso Taula» por presuntamente pagar comisiones para obtener contratos de la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia niegan su participación en los hechos que se les imputan y defienden su inocencia. Las declaraciones de los empresarios ante la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción 18 que investigado el «Caso Taula» fueron muy escuetas ya que la mayoría se negaron a declarar, según la documentación de la última pieza separada sobre la que se ha levantado el secreto y que investiga las presuntas mordidas en el Ayuntamiento de Valencia. En algunos casos sus declaraciones no se han incluido en esta parte del sumario por su imputación en la pieza principal de esta macrocausa de corrupción en Valencia.
El propietario de Estudios Métodos de la Restauración (EMR), Carlos Vicent Gil, a quien los agentes del grupo de delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil imputan los presuntos delitos de «fraude, cohecho y falsedad en documento mercantil» cometidos del 2004 al 2007 se negó a declarar por estos hechos. Sólo alegó, y ha aportado documentación a la causa que así lo confirma, «que vendió las participaciones sociales que tenía en la sociedad a la empresa Franjuan», según el acta de su declaración ante el Juzgado de Instrucción 18, un día después de ser detenido.
Otra de las imputadas y propietario de Begamir SL, una de las supuestas comisionistas de Benavent, Belén García Casa, también negó haber pagado ninguna comisión. Y aunque admitió haber visto y hablado «dos o tres veces con Marcos Benavent» negó que éste le exigiera el pago de alguna mordida para conseguir alguno de los contratos que logró en la Fundació Jaume II el Just o la Mostra de València de 2006.
Por último, Jose Adolfo Vedri, propietario de Engloba, investigado en esta pieza por prevaricación y cohecho por la adjudicación del contrato para la construcción y explotación del centro cultural La Rambleta, ha insistido este miércoles en su inocencia y ha pedido comparecer ante el juez para defenderse «de los infundios» vertidos contra él.
Vedri siempre ha insistido en su «absoluta inocencia» y ha solicitado comparecer ante el juez para «defenderse de los infundios, falsedades y especulaciones» vertidas sobre él y sus socios con respecto a esta adjudicación, tras el levantamiento del sumario de esta pieza. El empresario asegura que en esta pieza «se hace notar la ausencia de indicio alguno de delito». De hecho, a la Guardia Civil no le consta que se pagaran «mordidas» por esta adjudicación y «solo refiere como prueba» las conversaciones mantenidas por Alcón y el exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, en las que se menciona al propietario de Engloba.
Discos duros y documentación intervenida
En los registros realizados durante la macrorredada del 26 de enero por la «Operación Taula» que afecta a la pieza de las mordidas en el Ayuntamiento de Valencia los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se incautaron de cuantiosa documentación, discos duros, tabletas y «pendrive» aunque no encontraron grandes cantidades de dinero ni objetos o sorprendentes. Sólo en casa de un empresario hallaron 2.115 euros en efectivo (distribuido en su mayoría en billetes de 50 euros). Y en casa de Maria José Alcón también localizaron una carpeta con el nombre de «Marcos Benavent» en la portada».
