La vía especial para facilitar que los 5.500 interinos que trabajan en la Administración del Consell (sin contar el sector docente y sanitario) se conviertan en funcionarios llega después de que hace una década el Consell de Francisco Camps llevara a cabo un proceso similar que supuso la consolidación del empleo de unos 2.000 trabajadores y trabajadoras. Aquel plan de estabilidad, que arrancó en 2004 pero que se desarrolló durante los dos años siguientes, sólo logró a medias el objetivo de reducir la temporalidad que entonces se situaba alrededor del 30%. No más de la mitad, unas 2.000 personas, de las más de 4.500 interinas consiguieron plaza de funcionarios pese a las ventajas de las que disfrutaron en esas pruebas selectivas.
El Consell convocó un concurso-oposición abierto a todo el mundo, pero habilitó un baremo especial, de tal modo que el haber trabajado en la Administración puntuaba hasta un 30 %. Los exámenes fueron iguales para todos, pero el sistema de puntuación fue menos estricto, lo que facilitaba el aprobado. Con un cinco, aquellos aspirantes que habían trabajado en la Generalitat tuvieron garantizada una plaza ya que les beneficiaba la puntuación en fase del concurso. Ocurrió, sin embargo, que muchos funcionarios con plaza fija usaron esta vía para la promoción interna. Esto, unido a que no salieron todas las plazas (se convocaron unas 3.000), impidió acabar con la interinidad, si bien llegó a bajar al 17%.
Diez años después, se vuelve al punto de partida con una tasa de temporalidad que roza ya el 35%, según el informe de los expertos del Consell sobre la Función Pública. La razón es sencilla y evidencia el círculo vicioso en el que se encuentra la Administración. Desde 2006 (año en que tuvo lugar la última convocatoria especial para los interinos), el Consell siguió contratando nuevos interinos. Las ofertas de empleo público han sido exiguas y en los últimos años han estado muy limitadas a través de ley de presupuestos por razones de austeridad. De ahí el drama de una Generalitat que combina un plantilla donde uno de cada tres empleados es interino y más de 6.000 tiene más de 54 años.
La voluntad de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas (expresada por su titular Gabriela Bravo el pasado jueves) de impulsar un nuevo proceso para consolidar a los interinos no está exenta de dificultades jurídicas. La propia consellera lo admitió en su comparecencia para presentar el informe de los «sabios». El nuevo plan está aún por definir (la conselleria quiere pactarlo con los sindicatos), pero el camino pasa por acogerse a la Disposición Transitoria Cuarta sobre consolidación de empleo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de 2007. La disposición prevé convocatorias especiales de consolidación de empleo. Deja claro que debe garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, si bien abre la puerta a que en la fase de concurse se valore, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria. Sin embargo, este extremo está limitado ya que se matiza que a los méritos de los aspirantes sólo podrá otorgarse como valoración «una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo».
El plan de estabilidad del PP que arrancó en 2004 buscó otro soporte jurídico ya que el nuevo EBEP no estaba aprobado. El entonces titular del ramo, Victor Campos, pactó con algunos sindicatos la modificación de la ley de función pública para regular esta vía excepcional. Comisiones Obreras e Intersindical no suscriberion el acuerdo (cada uno por razones distintas) y acudieron a los tribunales, aunque estos validaron el proceso.
Algunas fuentes consultadas ayer por este diario, apuntaban que la vía de excepcionalidad declarada por el Consell para aquel plan de estabilidad podría ser un impedimento legal para el segundo proceso. No obstante, el acuerdo no especificó finalmente que el proceso sería «para una sola vez». Eso sí, a diferencia de hace doce años, Bravo sí cuenta, al menos a priori, con el respaldo de todos los sindicatos. Entonces, no hubo unanimidad.
Responsables de la Federación de Servicios Públicos de la UGT, Comisiones Obreras, Intersindical y CSIF manifestaron ayer, en declaraciones a Levante-EMV, su disposición a apoyar al Consell en el objetivo de acabar con la interinidad. Prácticamente todos los sindicatos coinciden en el diagnóstico: hay que impulsar un nuevo proceso de consolidación dada el alto nivel de precariedad y apuntan a la necesidad de que el Gobierno central abra la mano y permita ofertas de empleo público amplias que permitan que, por otro lado, pueda incrementarse la plantilla.
CC OO precisó que, a diferencia de hace diez años, la disposición del EBEP garantiza la libre concurrencia y evita que el tiempo trabajado sea determinante. Por su parte, Intersindical recordó que se opuso en su día porque entendía que la solución pasaba por oposiciones con una doble vía: una de acceso restringido para los interinos y otra abierta.
La vía del acceso diferenciado es también por la que aboga el antiguo sindicato de interinos Igeva, que en aquellos años, cobró mucho protagonismo entre el funcionariado. El sindicato sigue activo aunque bajo mínimos. Lamenta que entonces no se limitará las pruebas para los interinos y que la Generalitat no sacara todas las plazas.
