El empresario Alfonso García Pozuelo, expresidente de Constructora Hispánica, reconoció ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la primera época de la trama Gürtel (1999-2006) haber pagado mordidas a la red y a políticos madrileños para lograr adjudicaciones de obra pública.
Esta misma empresa recibió 51 millones de euros en adjudicaciones de la Generalitat entre 1999 y 2002, tal como adelantó Levante-EMV en 2009, tras estallar la operación de la trama Gürtel. El mayor contrato valenciano de Constructora Hispánica fue el de la construcción del Centro de Investigación para la Promoción de la Salud Pública, ubicado en la Avenida de Cataluña, y que fue adjudicado en septiembre de 2002 por 25,9 millones. El edificio sufrió el derrumbe de parte de su estructura mientras se construía, en julio de 2005, provocó dos heridos y obligó a rediseñar el edificio.
Esta misma empresa también logró el contrato para construir el centro de salud de Natzaret por 4,1 millones y meses antes logró el de la rehabilitación del antiguo hospital Peset para centro de media estancia y atención a enfermos crónicos y larga estancia por 14,9 millones.
Constructora Hispánica también se encargó de construir varios tramos de la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia, así como la variante de Alpera.
