21 de octubre de 2016
21.10.2016
Caso Taula

Barberá se adelanta al suplicatorio y pide declarar ante el Supremo por el pitufeo

El magistrado advierte en un auto del «serio riesgo de judicialización de la política» por las acusaciones de los partidos

21.10.2016 | 09:27
Barberá se adelanta al suplicatorio y pide declarar ante el Supremo por el pitufeo

La exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, está a día de hoy en ese limbo político que la justicia reserva para los aforados. Aún no está formalmente imputada. No podía hacerlo el magistrado de Valencia que investiga el presunto pitufeo o blanqueo de capitales del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, por su condición de senadora. Pero tampoco puede hacerlo el magistrado del Supremo que investiga los hechos relacionados con ella, hasta que solicite el suplicatorio al Senado. Una mera autorización formal pero imprescindible para que cualquier tribunal pueda actuar contra un aforado.

Y en ese limbo lleva desde que el pasado 21 de abril el magistrado de Instrucción 18 de Valencia Víctor Gómez decidiera enviar al Supremo la «exposición razonada» por la que considera que existen «indicios» para investigar a Barberá. Unos mismos indicios que validó el Supremo el pasado 12 de septiembre para admitir la investigación sobre la senadora. Y los mismos que ahora deberá analizar Cándido Gómez-Pumpido, el magistrado instructor de la «Causa Especial número 20371/2016», que es la que decidirá el futuro de la «alcaldesa de España», como llegó a bautizarla el presidente de su expartido, Mariano Rajoy, durante los días de rosas, antes de que llegaran los del vino.

Barberá no ha perdido el tiempo desde el 12 de septiembre. Se ha buscado a uno de los penalistas más reputados, y caros, del país: José Antonio Choclán Montalvo, que ha participado en las principales macrocausas de los últimos años. Choclán, exmagistrado de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y exletrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue uno de los letrados de Francisco Correa que inició la denuncia que logró inhabilitar al juez Baltasar Garzón en el Caso Gürtel. También fue abogado portavoz de las defensas en el Caso Malaya (la trama corrupta marbellí). En Valencia defiende al exalcalde de Manises, Enrique Crespo, y su hermano. Y al denunciante del Caso Avialsa que acabó con la detención de Serafín Castellano, Francisco Alandí. Hasta ahora era la sobrina de Barberá, Rita Corbín Barberá, la que figuraba como abogada en los escritos dirigidos al Juzgado de Instrucción 18.

Tras fichar a su letrado estrella, Barberá ha solicitado declarar voluntariamente como investigada. Y el magistrado Cándido Gómez-Pumpido ha fijado para el 21 de noviembre la comparecencia de Barberá, en aplicación del artículo 118 bis de la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim), introducido por el Gobierno de Aznar en 2002 y que permite a los aforados ejercer su derecho defensa antes de que se tramite el suplicatorio contra ellos: personarse en la causa, acceder a diligencias, proponer pruebas, participar en interrogatorios o declarar voluntariamente ante el juez instructor, como ahora pide Barberá.

A este mismo artículo se acogieron antiguos aforados como el extesorero del PP Luis Bárcenas o el exministro José Blanco para declarar antes de ser formalmente investigados. También fue utilizado por la instructora del caso de los ERE de Andalucía, Mercedes Alaya, para informar a los expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, de que sus investigaciones apuntaban hacia ellos, en un auto después anulado por la Audiencia de Sevilla.

En su comparecencia ante el magistrado del Supremo, Barberá sólo deberá responder, por ahora, sobre las acusaciones por el presunto pitufeo o blanqueo de dinero en pequeñas cantidades, como los 1.000 euros que donaron a la campaña todos los miembros del grupo popular y que, presuntamente, se les devolvió en dinero negro (dos billetes de 500 euros).

En principio, el delito electoral (financiación ilegal) del que se acusa, entre otros, a la alterego de Rita Barberá en el PP de Valencia, Mari Carmen García-Fuster, no forma parte de la investigación sobre la senadora en el Supremo. No obstante, el Alto Tribunal recordó al Juzgado de Instrucción 18 que puede «remitir a esta Sala cuantos datos resulten de las diligencias que se practiquen y tengan relación con los hechos atribuidos a la persona aforada».

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