La segunda fase de declaraciones ha clarificado la causa judicial de la planta Castor y ha avalado la actuación de los funcionarios de los Ministerios de Industria y de Medio Ambiente en la tramitación del almacén. También ha confirmado que la empresa Escal UGS solicitó los estudios sísmicos que se le solicitó.
El juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs abrió diligencias el pasado mes de enero de 2015 por presuntos delitos de prevaricación ambiental contra los funcionarios de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria y de la Dirección General del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino por la resolución del 7 de junio de 2010 que otorgó autorización administrativa. También investiga a directivos del Instituto Geológico y Minero de España por el informe encomendado en 2007. De octubre a noviembre tuvo lugar una primera ronda de comparecencias de las personas investigadas. Luego, el magistrado declaró la causa compleja y desde mayo a julio citó a 18 testigos más y a otros dos investigados. En esta segunda fase, las declaraciones han puesto de relieve la correcta actuación de los funcionarios de los Ministerios de Industria y Medio Ambiente en el proceso administrativo.
En la declaración pericial que realizaron el 5 de julio dos peritos del IGME señalaron que «ellos habrían procedido exactamente igual que los funcionarios de la dirección de política energética y que sus compañeros del IGME de 2007 en el proceso de tramitación».
Asimismo, los testimonios del Observatorio del Ebro, el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero coincidieron en desvincular la actividad de la empresa Escal UGS «con cualquier tipo de daño irreversible al medio ambiente».
Los responsables de Observatorio del Ebro también corroboraron que Escal llevó a cabo los estudios geomecánicos y sísmicos que se le requirió. La firma solicitó más de 50 informes a consultoras nacionales e internacionales especializadas con el objetivo de garantizar la máxima seguridad del proyecto.
Por su parte, según ha podido saber este diario, el representante de la plataforma en Defensa de les terres del Sènia reconoció en su testificación la inexistencia de un presunto informe de la Shell que alertara de la peligrosidad símica. Según las mismas fuentes, este trabajo se habría confundido con un documentos de recomendaciones del Observatorio del Ebro que fue seguido por Escal.
