La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha acordado el pago de 336.110 euros a la empresa J. Mackintosh Gimeno SL., encargada del depósito de vehículos judiciales hasta que en 2014 Serafín Castellano adjudicó el contrato a otra entidad, por los retrasos acumulados entre el periodo de 2014 y 2015.

Este pago se suma a los cinco millones de euros que ya había tenido que abonar por la deuda acumulada desde 1999, a razón de 3,11 euros diarios por cada uno de los coches intervenidos judicialmente -por su supuesta relación en la comisión de hechos delictivos- y depositados en estas instalaciones. Del mismo modo, todavía faltarían otros 400.000 euros entre retrasos e intereses por los últimos vehículos que permanecen en dicho depósito. «Todavía quedan un centenar de vehículos en depósito judicial y porque he ido solicitando su destrucción para que no acumulara más deuda», explicó Jaime Mackintosh, propietario de la empresa.

Así, el Consell ha autorizado la aprobación del expediente de resarcimiento por parte de la propia Conselleria de Justicia, «con cargo al ejercicio de 2016 de obligaciones contraídas en los ejercicios de 2014, 2015 y 2016, en favor de la empresa J. Mackintosh Gimeno SL.», por la prestación del servicio de guardia y custodia de vehículos incautados en procedimientos judiciales de la provincia de Valencia.

Por otra parte, en mayo del presente año el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anuló el contrato de casi cuatro millones de euros que Serafín Castellano otorgó como conseller de Justicia a una empresa de Cheste para que se encargara de la retirada y depósito de vehículos confiscados judicialmente. No obstante, la sentencia, en la que se reflejaba que la misma incumplía varios de los requisitos del pliego de condiciones, todavía no se ha ejecutado.