El PPCV que lidera Isabel Bonig ha decidido finalmente no abrir ante la dirección nacional de su partido una batalla que sabe que tiene perdida de antemano y que, además, es terreno de alto voltaje. La cúpula regional no respaldará ninguna enmienda a la ponencia de estatutos para tratar de que sus líneas rojas contra la corrupción se trasladen al reglamento nacional. Esta cuestión se ha debatido en el seno del PPCV y se ha optado por la prudencia. Bonig mantiene una discrepancia importante con respecto a Génova sobre en qué momento un cargo debe apartarse si resulta salpicado por un caso de corrupción. Para ella y su núcleo duro ese momento es la investigación judicial; para la dirección nacional hay que esperar a sentencia.
La diferencia de criterio no es sólo teórica. Afecta a casos como es el futuro de los concejales del Ayuntamiento de Valencia investigados en el caso Taula. Bonig quiere que dejen el acta y ellos se agarran a que los estatutos nacionales les respaldan. El expediente disciplinario está en manos de la dirección nacional cuyos estatutos sólo hacen excepciones en caso de delito flagrante o alarma pública.
El PPCV informó ayer sobre once de sus enmiendas más importantes que defenderán sus compromisarios. Políticamente, Bonig prefiere apostar por otras cuestiones como la financiación autonómica, cuyo debate marcará la agenda política en 2017. Así, una de las enmiendas a la ponencia económica busca que se asuma como posición que el nuevo modelo garantice la igualdad de cualquier ciudadano en el acceso a los servicios esenciales independientemente de su lugar de residencia. El PP entiende que el nuevo sistema no pueda suponer el empeoramiento de la posición financiera de ninguna comunidad (así aparece en el texto), pero advierte de que debe equiparar a todas las regiones la prestación de los servicios públicos esenciales.
Respecto a las primarias, Bonig no enmendará la segunda vuelta pero tratará de buscar una rendija por donde poder colar primarias bajo el principio 'un militante, un voto' en los congresos regionales. Finalmente y tras darle muchas vueltas, el PPCV ha optado por plantear que las directivas de cada organización puedan decidir que todos los militantes sean compromisarios. Si Génova lo aceptara, Bonig podría cumplir con su compromiso de que en el próximo congreso regional todos los militantes pudieran votar. La segunda trata de garantizar el derecho de los militantes a conocer a qué candidato representa cada compromisario. Para ello plantea que los aspirantes presenten en cada colegio electoral una lista de compromisarios adscritos a su candidatura. En tales casos, en el impreso de votación, junto al nombre y apellidos del aspirante a compromisario, figurará la adscripción a uno u otro candidato.
La tercera enmienda correctora (el plan B, ya que es muy difícil que Génova dé el visto bueno a la idea de 'un militante, un compromisario') consiste en matizar que con el sistema de segunda vuelta, el congreso sólo podrá modificar el resultado del voto directo de los militantes si el candidato ganador obtiene en esa segunda votación, al menos las dos terceras partes de los votos emitidos por parte de los compromisarios.
