Seis comunidades autónomas han trasladado al Ministerio de Hacienda su propuesta de que el nuevo modelo de financiación autonómica, que deberá aprobarse este año, contemple la condonación de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que han recibido, instrumento financiero que creó el Gobierno en el verano de 2012 cuando los gobiernos autonómicos tenían cerrados los mercados y por el que ha desembolsado en torno a 100.000 millones de euros.
En concreto, según trasladaron fuentes del Gobierno, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias „que recibe fondos de un instrumento de facilidad financiera parecido al FLA„ y Baleares recogen esta demanda entre sus propuestas de cara al nuevo modelo de financiación y, en todos los casos, argumentan esta petición en compensación por la deuda generada por la infrafinanciación que consideran que padecen.
El Gobierno admite, según las mismas fuentes, que podría aceptar dicha demanda, pero solo en aquellas comunidades que reciben una financiación por debajo de la media nacional, como es el caso de la Comunitat Valenciana, una circunstancia que confirman una quincena de estudios y los expertos que trabajaron para las Corts Valencianes.
Federalismo fiscal catalán y balear
En el caso concreto de Cataluña, esta comunidad, junto con Baleares, es la que va más allá en sus reclamaciones y pide avanzar hacia el federalismo fiscal, de modo que los tributos se queden en el territorio en el que se recaudan, como sucede ahora en País Vasco o Navarra. Asimismo, apuesta por utilizar un medidor del coste de vida, como por ejemplo el IPC o aplicar el principio de ordinalidad, por el que tras el reparto de los fondos, si existen desigualdades, se respete el orden original.
Tener en cuenta la población y los servicios públicos que se han de ofrecer, así como la dispersión o el envejecimiento, son otras de las propuestas que se repiten en las comunidades. En este caso, aparecen en las medidas propuestas por Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Madrid o Extremadura.
Prácticamente la totalidad de las comunidades piden establecer un catálogo de servicios común, cuya dotación esté asegurada y por identificar claramente variables que determinan el coste de prestación de servicios fundamentales, estableciendo diferencias particulares entre autonomías.
El Gobierno apuesta por un nuevo modelo de financiación con un enfoque más vinculado a la nivelación de recursos destinados a los servicios públicos fundamentales. Este es el planteamiento que el Gobierno pretende trasladar a la Comisión de Expertos que se creará en breve, y que contará con un representante de cada comunidad, aunque el acuerdo final lo tomará el Gobierno.
