Primero, en marzo de 2016, fue una catástrofe natural: una inundación dañó gravemente su casa y arruinó colchones, nevera, muebles. Un mes después sufrieron otra hecatombe surgida de las entrañas de la Tierra: un terremoto que acabó por destrozar su vivienda. La dejó sin paredes, sin techo, con la casa convertida casi en chabola. Finalmente, les ha zarandeado un mal a veces igual de destructor: la burocracia. De este modo, una familia ecuatoriana se ha visto esperando el permiso para poder reagruparse en Valencia con su madre y abuela, Mercedes Mendoza Valle.
Mercedes tiene 57 años y llegó a España en 2002 dejando en su país a tres hijos. Buscaba una vida mejor. Sobre todo para sus hijos. Ahí está la prueba: en todo este tiempo, cuidando a una mujer mayor con la salud menoscabada, ha podido enviarles más de 40.000 euros a través de MoneyGram. Ahora está sufriendo. «Estoy desesperada», dice. Y no es para menos al ver las fotos de la casa en la que viven en la ciudad ecuatoriana de Esmeraldas estos pequeños de diez meses y seis años: la casa llena de vanos, bloques prefabricados intentando tapar los agujeros, techo de uralita, insalubridad en el baño y lo que con mucha imaginación parecería una cocina.
Al poseer la nacionalidad española, Mercedes tiene derecho a solicitar visado familiar comunitario para sus hijos y personas a cargo: sus hijos y nietos. Pero ha topado con la Administración. El consulado de España en Quito ha concedido el visado a Ariel, hijo pequeño de Mercedes, de 21 años. Pero el de Carolina y sus dos hijos ha sido denegado. El padre de las criaturas no tiene derecho a viajar a España de manera legal porque no es familiar directo al cargo de Mercedes, pero ha firmado ante notario su consentimiento a que la madre coja a sus dos hijos y los lleve a Valencia para tener las condiciones de vida digna que en su ciudad no pueden tener por culpa de las consecuencias de la inundación y el terremoto. Pero no ha sido suficiente.
El consulado no ha aceptado estos poderes notariales y exige al padre que renuncie a la patria potestad para dejar marchar a sus hijos a Valencia. Mercedes no se lo explica y no para de repetir la misma idea. «Siento rabia por dentro e impotencia de ver que he querido hacer las cosas bien y estoy teniendo muchos problemas. Yo tengo ese derecho, pero no me lo respetan. Bien podría haber optado por el camino fácil, que era solicitar un visado de turista y que luego hubieran permanecido en situación irregular como tantos inmigrantes», lamenta Mercedes.
Hay otro aspecto que ponen de relieve. Cada vez que tienen que presentar papeles o ser atendidos, la familia debe viajar siete horas en autobús por carreteras muy deterioradas. Ya han hecho cuatro veces el trayecto. Y siguen sin conseguir su objetivo. El viernes pusieron un recurso de súplica con el fin de que vuelvan a valorar la delicada situación. Ya no saben qué hacer.
La familia española que le dio trabajo se ha volcado en el asunto. No dan crédito a semejante «injusticia», dice Pilar Ferrer. «Es un derecho que sus hijos y nietos puedan reunirse con Mercedes y tener unas condiciones de vida digna, no se ajusta a la ley la denegación de visado. En España hacer las cosas bien no cuenta. Si hubieran venido con visado de turista, estarían aquí como irregulares y se hubiera solucionado todo», lamenta. Mientras tanto, Mercedes sigue enviando dinero. Y recibiendo fotografías en el móvil que la estremecen por el estado de sus dos hijos y sus dos nietos.
