El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, rehuyó hace unos días la polémica suscitada en el seno del Consell sobre la implantación del requisito lingüístico para el acceso a la función pública. Sin embargo, la ambigua respuesta que ofreció al ser preguntado al respecto no implica necesariamente que se quede al margen del conflicto. Algunos cargos de Compromís creen que Soler, cuyo perfil valencianista y autonomista es sobradamente conocido, podría servir de puente entre ambas partes. Aunque en este asunto no hay bloques homogéneos, la posición del PSPV es de negociar el requisito puesto a puesto y que en todo caso, la competencia lingüística se pueda acreditar a posteriori. Compromís, en cambio, quiere que el conocimiento del valenciano sea generalizado y una condición previa. La discrepancia se ha visibilizado con el borrador del proyecto de ley de función pública elaborado por la consellera Gabriela Bravo. La consellera manifestó ayer que sería un grave error utilizar el requisito lingüístico como elemento de confrontación. Bravo mantuvo que la ley recoge el acuerdo sindical y que «si se quiere dar un paso más» está abierta al diálogo.
De momento, la ley salió ayer a audiencia pública para que las entidades hagan sus aportaciones. Por lo pronto, la entidad Acció Cultural, que ha formado parte de forma discreta de las negociaciones previas para el acuerdo político y sindical, valoró que la ley recoja la competencia lingüística como requisito para el acceso, pero quiere mayor concreción y eliminar aquellos apartados que abren la puerta a que existan puestos a los que no se les exija el conocimiento del valenciano. Consideran que por «prudencia» la ley debe concretar qué conocimientos debe acreditarse, así como asegurar que se aplicará al año de su aprobación.
El borrador presentado por Bravo deja ese detalle a un reglamento posterior. Acció Cultural pide también un texto en valenciano.
