La Conselleria de Sanidad está dando los últimos pasos para reclamar en los juzgados a las empresas gestoras de los cinco departamentos de salud bajo concesión administrativa el coste de los tratamientos contra la hepatitis C que han venido dispensando a coste cero desde 2015 gracias a la exención legal aprobada por el anterior gobierno del Partido Popular. La cifra a exigir podría superar los 20 millones de euros.
La reclamación, que todavía debe hacerse efectiva, se basa -según ha podido saber este diario- en un nuevo informe de la Abogacía de la Generalitat en el que se reitera que las notas informativas que emitió la Dirección General de Farmacia del anterior gobierno del Partido Popular para eximir a las empresas privadas de este pago son nulas ya que alteran las condiciones de los contratos firmados en su día.
Los letrados del Consell insisten en que estos tratamientos -que han salvado la vida a miles de personas infectadas con la enfermedad desde entonces- se reparten en las farmacias hospitalarias de cada departamento y que, según contrato, los costes de este servicio son por cuenta de la concesionaria, no de la administración.
Este sería el segundo informe que la abogacía ha redactado en este sentido y, según ha podido conocer este diario, sus conclusiones se han remitido ya a las concesionarias para que puedan presentar alegaciones dentro del procedimiento administrativo abierto por la conselleria para declarar la «lesividad» de estas notas informativas, paso previo para pedir en el juzgado su anulación y el reintegro de las cantidades a las empresas.
La Abogacía de la Generalitat emitió un primer informe con conclusiones parecidas a principios de 2016 y, en él, recomendaba dos vías para que la administración pudiera recuperar lo gastado: a través de un dictamen del Consell Jurídic Consultiu o por la vía del contencioso-administrativo que ha sido finalmente la tomada tras un dictamen desfavorable del CJC.
Más de 20 millones
Por ahora, la Conselleria de Sanidad deberá esperar a las alegaciones de las concesionarias para cerrar este trámite y, con la resolución adoptada, iniciar el contencioso administrativo. En su día, la administración cuantificó en cerca de 15,7 millones de euros el coste de los fármacos contra la hepatitis C dispensados en estos cinco departamentos de gestión privada pero pagados por la administración, solo en el año 2015. Todavía sin cifras concretas de cuánto podría suponer el coste en 2016, la cifra a reclamar en juzgados podría superar los 20 millones de euros.
El tratamiento contra la hepatitis C está subvencionado por la sanidad pública desde abril de 2015 tras la alarma social generada por varios casos que acabaron incluso en fallecimiento. Sin embargo, un día antes de que la orden ministerial entrara en vigor, el anterior gobierno del PP emitió sendas notas informativas para establecer que los medicamentos autorizados correrían a cargo de la conselleria y las empresas quedaban así exentas de este pago. Sanidad reclama también al ministerio otros 27 millones por los fármacos de 2015.
La reclamación abrirá un nuevo frente judicial entre administración y concesiones en pleno proceso de reversión del área de Alzira y mientras se pone en cuestión el coste real de la gestión privada de la sanidad.
