La primera sentencia del caso Gürtel y la confesión de los empresarios que financiaron ilegalmente al PP son dos terremotos judiciales con réplicas que pueden ser devastadoras. Las elevadas penas impuestas a los cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez- pueden provocar que busquen un acercamiento a la Fiscalía Anticorrupción para admitir delitos a cambio de reducir futuras condenas en los juicios pendientes.
El empresario Francisco Correa, que pasó del «donde dije digo» en el juicio de Fitur en Valencia -donde lo negó todo-, a decir «Diego» en el juicio de la I época de la Gürtel en Madrid que se juzga en la Audiencia Nacional, intenta desde hace meses un acercamiento a la Fiscalía Anticorrupción. Tras la sentencia de ayer, Correa ya sabe qué márgenes de maniobra tiene para negociar: pasar 18 años en la cárcel, que sería la máxima pena que cumpliría a pesar de todas las condenas que le impongan, merced al precepto legal que sólo permite a un condenado cumplir el triple del delito más grave por el que se le condene la primera vez. En el caso de Correa, 6 años por malversación que multiplicados por tres arrojan los 18 años de máxima pena. O, por contra, intentar reducir a la baja esta elevada expectativa carcelaria para sus 61 años cumplidos el 31 de octubre. Si Correa confiesa, como los empresarios que financiaron ilegalmente al PP, el resto de piezas pueden caer, como en el juego del dominó.
