La Comunitat Valenciana sigue a la cola en cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia se refiere aunque, por primera vez, ya no ocupa ni el último ni el penúltimo lugar, sino el cuarto puesto. Eso sí, empezando por el final. De hecho, el número de personas atendidas por el Sistema de Atención a la Dependencia ha aumentado este último año en 8.325 personas (un 19,25 % más). Así se desprende del XVII Dictamen del Observatorio de la Ley de Dependencia que ayer presentó en València el Responsable de Estudios de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, José Gustavo García, quien dio estas cifras acompañado de la Presidenta del Col·legi Oficial de Treball Social de València, Elena Puig.

Según los datos presentados por Gustavo García, el incremento de personas beneficiarias es imputable, casi en tu totalidad, a un mayor número de Prestaciones para Curas en el Entorno Familiar y cuidadores no profesionales (que han aumentado en un 31,1 %), mientras que el número de servicios se mantiene prácticamente igual a lo largo del año. Esta es, según los responsables del informe, «una de las debilidades del sistema, tanto por la merma en la calidad de las curas, como por el hecho que, como consecuencia de esto, el sistema tenga menos capacidad de generación de ocupación (23 puestos de trabajo directos por cada millón de euros invertido, frente los 37 de media en el conjunto)». Además, «16.605 personas tienen reconocida su situación de dependencia, pero todavía no están siendo atendidas, y representan el 24,3% del total». Estas personas conforman el llamado «Limbo de la Dependencia».

Por otro lado, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España lamentó ayer que la aportación del Estado para la atención a la dependencia en la Comunidad Valenciana continúe por debajo del 20% (17,3%), mientras que la Comunitat sigue asumiendo el 70,9% del coste del sistema, y el 11,8% restante lo asumen los propios usuarios a través de los copagos.

Según esta entidad, los 36,7 millones de euros que se dejaron de recibir del Estado en 2016 habrían permitido atender a 5.000 personas.