El conseller de Hacienda, Vicent Soler, atesora años de docencia en el ámbito universitario. No en vano es catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de València desde 1999, una experiencia de la que sin duda echará mano para tratar de convencer al resto de sus homólogos autonómicos de la bondades de la propuesta valenciana para cambiar el sistema de financiación. Y es que abierto el melón de la distribución de los recursos, el Consell tendrá que emplearse a fondo para que sus aspiraciones en materia financiera salgan adelante, un objetivo que sólo será posible si gana aliados para su causa. En este contexto, Soler se desplazó ayer a Murcia para mantener una reunión con el titular murciano de Hacienda, Andrés Carrillo, otro economista a quien tampoco le salen las cuentas para pagar las facturas de los servicios sociales.
Murcia (PP) y la C. Valenciana son las autonomías más perjudicadas por el actual sistema de financiación. Ambas están en el furgón de cola en la financiación per cápita y el sistema no les cubre su gasto en servicios públicos fundamentales. Bajo estas premisas, que ambas comunidades estén gobernadas por siglas distintas no resulta un problema. De hecho, la cita de ayer se sancionó con la evidencia de que ambas están en el mismo bando con un manifiesto conjunto de ocho puntos donde expresamente piden evitar el conflicto territorial.
Soler ya se reunión la semana pasada con la consejera de Hacienda de Andalucía y su departamento está preparando reuniones en Mallorca y Toledo. Y es que la intención del Consell es romper la dicotomía que existe en estos momentos entre las dos Españas (la poblada y la vacía) que, en teoría, tiene enfrentadas a las comunidades en su posición de cara a la negociación con el Estado del nuevo modelo .
Pero la propuesta que Soler lleva bajo el brazo busca superar estos bloques para aumentar los apoyos. Así, desde el departamento que dirige Vicent Soler se mantiene que Castilla-La Mancha (alineada en el bloque de las autonomía de la llamada España despoblada) saldría más beneficiada en el reparto de los recursos si se sumara a la propuesta valenciana. El caballo de batalla del Consell es mejorar la financación per cápita y acercar a la Comunitat a la media. En esta pelea, está claro que las comunidades del eje mediaterráneo son las más castigadas.
Pero, indican las citadas fuentes, más que la distribución horizontal, la pelea es el reparto vertical. Es decir, el Consell quiere romper las actuales reglas del juego para que la financiación esté de acuerdo al peso de las competencias que las administraciones asumen para afrontar los servicios públicos. El punto de partida es que el Estado se asigna un peso en ese reparto superior al gasto que afronta. De ahí que el Consell quiera convencer al resto de autonomías que todas saldrían ganando con un cambio de paradigma.
«Todas las comunidades pueden beneficiarse de nuestro planteamiento, que consiste en hacer viable que las comunidades autónomas estén financiadas para que los ciudadanos puedan recibir unos servicios de calidad».
Por su parte, Compromís celebró ayer en las Corts una reunión con representantes públicos de la coalición de las distintas administraciones para plantear una «ofensiva política» que reivindique ante el gobierno del Estado una inversión anual que ronde los 1.300 millones de euros.
Según la coalición, de este modo, los 4.800 millones que se reclaman para los próximos cuatro años servirían para acometer «diversas actuaciones prioritarias en infraestructuras, entre las que destaca el Corredor Mediterráneo», detalló Compromís. «Como somos aproximadamente el 11% de la población del Estado y también el 11% del PIB, planteamos que una inversión del Estado del 11% en inversiones se le añada una compensación del déficit acumulado durante los últimos cinco años», indicó el secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Josep Vicent Boira. Este miércoles el portavoz Fran Ferri defenderá una proposición para reclamar al gobierno central unas inversiones territorializadas «justas».
