Corría el año 2006, en la Generalitat gobernaba el PP y en la empresa pública Valenciana de de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) sus directivos cargaban a las tarjetas ligadas a la firma gastos que, según establece la Intervención General de la Generalitat en un informe, eran completamente ajenos a su actividad en el seno de la firma. Hasta 138.525 euros en nueve años se dilapidaron con estas tarjetas «green» -por aquello de los residuos-.
En concreto, el documento de la Intervención, al que ha tenido acceso Levante-EMV, recoge que de esos casi 140.000 euros, 45.265 corresponden a extracciones en cajeros automáticos de dinero en efectivo. Pero además, los dos directivos que efectuaron estas operaciones en el periodo analizado por el ente dependiente de la Conselleria de Hacienda, no repararon en que no correspondían a la misma entidad bancaria que la de la tarjeta, de modo que el agujero se agranda en casi 2.000 euros más. En el total de las 238 operaciones efectuadas en este lapso, las extracciones en cajeros acarrearon 1.869 euros en comisiones. Ambos responsables, cuyos nombres se han omitido en el informe porque hay un proceso judicial abierto, sacaron dinero en cantidades similares (unos 23.000 cada uno).
El resto de gastos desde esos 47.100 euros hasta los 138.500 se reparten en compras en supermercados, material de bricolaje y hasta vacaciones en la nieve. En concreto, uno de los directivos cargó más de 800 euros en la estación de Grandvalira, en el principado de Andorra.
Con todo, la mayor parte del dispendio se dio en el campo de la restauración. Esas tarjetas pagaron hasta 12.000 euros en un mismo restaurante, al que sus usuarios acudieron en hasta 89 ocasiones. Llama la atención de la Intervención que la mayoría de estos ágapes se hicieran en fin de semana, en concreto, 65, por lo que resulta más complicado justificar el gasto como dietas de trabajo relacionadas con el cargo.
En este sentido, se apunta a desembolsos de «muy dudosa o inexistente» relación con las funciones propias del puesto de directivo. Entre estos se encuentran gastos en concesionarios de coches, grandes almacenes o la excursión a la nieve pirenaica. En unos conocidos grandes almacenes llegaron a dejarse más de 2.000 euros y en un concesionario Jaguar más de 6.000 euros, según se recoge en el informe. En el veterinario, uno de los dos directivos pagó una consulta o intervención de 1.200 euros.
Auditorías no autorizadas
Otros de los gastos no justificados que ha llamado la atención de Intervención es la aprobación de hasta seis auditorías y asesoramientos jurídicos que se contrataron sin que se hubieran autorizado previamente por el abogado general de la Generalitat, sobre el que recae esta potestad. Estas firmas llegaron a facturar hasta 107.700 euros.
La Intervención concluye que estas actuaciones, y en particular las extracciones de efectivo en cajeros, «podrían ser constitutivas de actuaciones penales», por lo que este informe se adjuntará previsiblemente a la información que maneja la Fiscalía, quien abrió diligencias después de que en octubre de 2015 la nueva dirección de Vaersa le informara de ciertas irregularidades.
