Hay quien no conoce nunca lo que es pasear libremente por la calle. En cualquier momento un policía puede darle el alto, pedirle la documentación y mandarlo a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), a la espera de que un juez pueda ordenar su deportación. Así de fácil, así de crudo. «Esos migrantes sin papeles están constantemente atemorizados de recibir el alto cerca de la sede de una ONG, de la parada del autobús o de la estación del tren. Ahora lo estarán mucho más. Tendrán más miedo e inquietud», afirma Jaume Durà, abogado y coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado - País Valencià (CEAR-PV).
Durà denuncia la política europea y pone algunos ejemplos de lo que puede ocurrir. Aquellos extranjeros que hayan salido de países en conflicto o que hayan escapado de situaciones de persecución política, religiosa o de otro tipo, muchas veces se quedan sin conseguir el estatuto de protección internacional que solicitaron al llegar a España. Entonces quedan como inmigrantes irregulares en suelo español. «Con estas detenciones sin necesidad de delito que ahora ha ordenado Bruselas hará que puedan deportarles a sus países, donde tal vez se están vulnerando sus derechos humanos básicos, o que directamente sean expulsados a terceros países, como Afganistán o Libia, con los que Europa condiciona su ayudas al desarrollo bajo la condición de que admitan estas devoluciones», sostiene Durà.
CEAR lamenta que en la crisis de refugiados más grave desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Europa esté más preocupada por expulsar que por acoger. «No parece importarle lo más mínimo que más de 5.000 personas perdieran la vida el pasado año en el Mediterráneo», deplora la organización.
En opinión de Jaume Durà, la voluntad de la Comisión Europea de que los Estados aceleren el retorno de aquellos inmigrantes sin derecho a permanecer en su territorio con lleva otra consecuencia: la «criminalización» de los sin papeles. «Es una política aliada a las medidas discriminatorias de Donald Trump, una política marcada por la ultraderecha que está avanzando en Europa», advierte el coordinador de CEAR en la Comunitat Valenciana.
Un escenario peligroso
Jaume Durà lamenta el escenario al que se aboca a cientos o miles de personas asentadas en las comarcas valencianas. «Aquí han venido víctimas de trata de seres humanos, menores que han sido internados en el CIE, gente que escapaba de países en conflicto, cuya vida peligra si los obligan a regresar a ellos», subraya. A juicio de CEAR, la aplicación de procedimientos acelerados para la deportación de inmigrantes sin papeles «supone un riesgo para los derechos de las personas migrantes que viven en Europa, incluidos los menores no acompañados». Jaume insiste: el miedo crecerá. El riesgo para su seguridad, también.
