El próximo miércoles, las Corts votarán la derogación de la Ley de Protección a la Maternidad de 2009, que incluye en su articulado «la protección del derecho a la vida en su formación». La medida saldrá adelante con el acuerdo de PSPV, Compromís y Podemos, el voto en contra del PP y la abstención de Cs, previsiblemente.

La norma, que fue avalada por el Tribunal Constitucional en 2015, la aprobó el Consell de Francisco Camps en junio de 2009 con Juan Cotino como conseller de Bienestar Social por aquel entonces y los únicos votos a favor del PP. Se trata de una ley cuyo objetivo es «evitar el desamparo social que a veces sufre la mujer embarazada y la creación de una red que dé cobertura y apoyo a estas mujeres», como se puede leer en su articulado.

La proposición de ley para su derogación fue presentada por el grupo de Compromís en las Corts y aprobada por la Comisión de Política de Igualdad de género y del colectivo LGTBI, de la cámara, en febrero.

La variación más importante que introdujo la ley 6/2009, de 30 de junio, es que en los procesos de matriculación escolar, la madre gestante de un alumno suma los mismos puntos que si el nuevo miembro de la familia ya hubiera nacido.

Además, la ley también incluía la creación de centros de atención a la maternidad y el Consell debía garantizar los medios necesarios de carácter social, jurídico, educativo, sanitario o asistencial, para apoyar «socialmente» a la mujer que decida seguir adelante con su embarazo, quien tiene «derecho a ser informada de manera personalizada, suficiente y comprensible de todas las ayudas y apoyos, tanto jurídicos como económicos» o de otro tipo.

Las madres inmigrantes, menores de edad, discapacitadas o en situación de vulnerabilidad aparecen con una mención específica en la normativa, al contrario que el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, que no aparece ni una vez en la ley.

La intención de la norma, es «evitar el desamparo social que a veces sufre la mujer embarazada y la creación de una red que dé cobertura y apoyo a estas mujeres», refleja la norma, junto a la «protección» de la «dignidad de la mujer gestante, lo cual incluye su derecho a llevar adelante la gestación» y a «ser apoyada socialmente en esa decisión».

En 2009, la ley ya fue criticada. Mónica Oltra consideró que se trata de una norma «contraria a la dignidad de las féminas», al tratarlas «como si tuvieran la necesidad de ser tuteladas». Por su parte, desde el PSPV criticaron que iba en contra del derecho «a la planificación familiar».

«Ley paternalista»

Ahora, cuando ambos partidos están en el Gobierno y con el apoyo de Podemos, la Comisión de Política de Igualdad de género y del colectivo LGTBI aprobó derogar la ley, el pasado mes de febrero. La diputada de Podemos Llum Quiñonero, presidenta de esta comisión, será la encargada de representar ante el pleno de las Corts el dictamen.

La diputada María José Catalá, del PPCV, aseguró que la derogación se trata de «una cuestión ideológica» que «no atiende a criterios», ya que considera que está «a favor de la madre, de la vida, de las familias» y «no es una ley en contra del aborto».

Por su parte, Cristina Rodríguez, representante de Compromís en la comisión expuso que la ley respondía «a una concepción del mundo sesgada e ideológica» y que era una «ley machista y paternalista, que elaboró el señor Juan Cotino a su imagen y semejanza».

Durante el debate en la comisión, desde Compromís también apuntaron que con la normal, el Consell del PP creó «una red de voluntariados formada por asociaciones sin ánimo de lucro» con «marcado carácter conservador», que recibieron ayudas de hasta 300.000 euros en 2010 y 2011.