La última causa que tenía pendiente el exalcalde de Gandia José Manuel Orengo (en el centro de la polémica las últimas semanas por la fundación Cical, que impulsa al calor de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias) acaba de ser sobreseída por parte del juzgado de instrucción número 1 de la misma ciudad. El socialista cierra así el capítulo de tribunales que tenía pendiente después de que el pasado mes de enero se archivara la querella contra él por el caso Innova, relacionado con la gestión de una ayuda pública concedida por el Ministerio de Industria en el año 2008 para la ejecución del Centro del Conocimiento Espai Innova.

En esta ocasión se trata de una querella que le puso su sucesor al frente del ayuntamiento de Gandia, el ahora exalcalde Arturo Torró, del PP. Le acusó de prevaricación por haber firmado unos créditos bancarios sin el preceptivo informe favorable de la intervención del ayuntamiento. Tanto Orengo como su concejala de Hacienda, Ana García, resultaron imputados. Cuando Torró tomó la vara de mando de la capital de la Safor, incurrió en el mismo hecho, por lo que resultaron imputados en la misma causa tanto él como su regidor de Hacienda, Guillermo Barber. Ahora, según el auto del juez, ambas querellas han sido sobreseídas provisionalmente.

El juez argumenta que no queda «debidamente justificado el delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal» y que «el reparo a la legalidad del interventor del ayuntamiento no tiene efectos vinculantes ni suspensivos».

También alude al artículo 135 de la Constitución, el referente a la estabilidad presupuestaria, así como a las competencias que debía haber ejercido la administración autonómica y que finalmente no llevó a cabo.

Dado que el fiscal también pidió el sobreseimiento de la causa, el juez la cierra y remite el testimonio al Tribunal de Cuentas. Previsiblemente el asunto quedará así zanjado, dado que según confirmaron a este diario, ni Orengo ni Torró se plantean recurrir este auto judicial.