El Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado el recurso de amparo presentado por Zelmat Salah, un islamista arrestado en la localidad de Tavernes de la Valldigna en 2004 en el marco de la operación «Nova», una causa instruida por el juez Baltasar Garzón y en el que decenas de personas fueron detenidas por planear una presunta operación terrorista contra la Audiencia Nacional (AN).
Salah estuvo en prisión preventiva tres años y cinco meses antes de ser puesto en libertad y ahora solicita al Estado una indemnización de casi medio millón de euros -487.123 euros concretamente- por la privación de libertad a la que fue sometido. Aunque en la sentencia emitida no se habla de forma específica de la reclamación dineraria, lo cierto es que el TC ha dejado la puerta abierta a esta petición al aceptar el recurso de amparo.
«Peripecias carcelarias»
Salah fue condenado en 2008 por «pertenencia a banda armada» y en los antecedentes de la sentencia se recuerda que «todas las imputaciones parten de relatar sus peripecias carcelarias y, sobre todo, su confluencia en uno u otro momento de la secuencia de los hechos en la cárcel de Topas (Salamanca)». De hecho, también se alude a sus relaciones con el grupo liderado por el «emir» Mohamed Achraf, que sí fue condenado: «No dudamos de la admiración y sugestión de todos por las predicaciones, incluso la comunión o aceptación de sus ideas fundamentalistas que se contienen en las numerosas cartas que, sin ninguna precaución o cautela se intercambiaban. Proclamaban sus convicciones ante los funcionarios de prisiones sin ocultar sus deseos de acabar con los infieles y anhelar la eliminación de líderes políticos».
Eso sí, en el texto también se reconoce que «no se encuentra ninguna referencia a intervenciones concretas más allá de la inmersión fanática en teorías fundamentalistas».
El detenido ha sido asistido durante el proceso por el abogado valenciano Joaquín Sirera. El letrado atendió ayer a Levante-EMV y explicó que «su causa me llegó a través de otro cliente y también defiendo a otro acusado que se encuentra en una situación similar. Su detención se basó en algunas cartas y en presuntas relaciones con un grupo fundamentalista, pero nunca hubo pruebas de que se planificara una operación terrorista. Por ello, el Tribunal Constitucional declara la vulneración de derecho a la presunción de inocencia y anula la condena de cárcel interpuesta a mi cliente. Lo que se debe dilucidar ahora es el aspecto de la indemnización económica demandada».
A su vez, Sirera comentó que «no sé cómo actuara ahora el Estado, es toda una incógnita. Estamos hablando de un tema con conexiones políticas y no me atrevo a aventurar nada. Mi intención es seguir todos los pasos legales. Lo cierto es que no tengo relación con él, lo más normal es que se encuentre en Argelia».
