Llevan años asumiendo un papel que no les toca: el de garantizar la asistencia social donde la Administración "no llega". Desde las entidades sociales, el denominado tercer sector, llevan años atentos a las líneas de subvención que la Generalitat Valenciana convocaba cada año, mientras cruzaban los dedos para que la Administración les concediera la ayuda y la pagara en tiempo y forma. La realidad les ha obligado a plantear proyectos cortos ante la financiación anual, a adelantar el dinero con fondos propios para no dejar de prestar el servicio, a realizar el trabajo sin poder pagar las nóminas a sus empleados cuando el dinero se debía destinar, sí o sí, a los usuarios, y a hacer auténticos malabarismos para atender a los más vulnerables con una previsión de fondos escrita en un papel. Esta forma de gestión se acabó. Las líneas de subvención para el Tercer Sector han pasado a la historia.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ante 150 representantes de entidades sociales a las que ha instado a participar en la elaboración de un decreto para que, en el 2018, el tercer sector cuente con conciertos públicos que les permitan una estabilidad presupuestaria durante 4 años. Y es que, mientras los conciertos en Sanidad o Educación atraviesan sus horas más bajas, para Bienestar social, un área que carece de red pública como tal son, sin embargo, una tabla de salvación.
En la Comunitat Valenciana existen 9.581 personas usuarias de plazas o servicios ofrecidos por entidades del tercer sector. Estas organizaciones atienden infancia (1.267 menores), inclusión social (410 personas), diversidad funcional (6.222) y mayores (1.682). Gestionan un total de 442 centros (217 de diversidad funcional y 103 de mayores) y emplean a 4.765 trabajadores. Las cifras no son baladí y el plan que prevé el Consell se centra, precisamente, en dignificar ese trabajo. ¿Cómo? Con una gestión mediante conciertos públicos que les garantice una estabilidad en la financiación.
Pero hay que empezar desde el principio, y el principio fue una modificación de la ley de Servicios Sociales para garantizar el marco legal de un decreto que se debe elaborar durante este año con la participación de los protagonistas. Una vez redactado el decreto se convocará el concierto social, que tendrá efectos desde 2018 y hasta 2022. La secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando, ha presentado el proyecto "con ilusión y orgullo" porque "esto cambiará la vida de las personas" al "construir el pilar de bienestar social y equipararlo con el de la educación o la sanidad, que son incuestionables".
Ferrando ha dado paso a Mónica Oltra, quien puso un ejemplo claro para entender la envergadura del nuevo decreto: "Un hombre sufre un ictus. En el hospital le atienden en urgencias y cubren todas sus necesidades. Sin embargo, cuando le dan el alta nadie se preocupa de si necesita ayuda porque no puede valerse por sí mismo, si tiene dinero para pagar tratamientos o terapias para reducir las secuelas o si precisa de alguna atención específica. Nadie entendería que un niño no esté escolarizado, pero sí se acepta que los servicios sociales se desentiendan y no cumplan su función. Eso es lo que va a cambiar. Ahora dándole fuerza y estabilidad a las entidades sociales porque la Administración no llega, tras 20 años con el servicio desmantelado y sin red pública. El anterior gobierno convirtió los servicios sociales en un negocio. Controló a las entidades mediante la fórmula de la subvención y en 2002 eliminó la obligatoriedad de que las entidades estén acreditadas para acceder a la financiación". El actual Consell, sin embargo, "prioriza la construcción de nuevos centros, recupera la gestión pública y pone orden en el caos generado en el sector residencial, eso sí, la reorganización se llevará a cabo en colaboración con la empresa privada".
Para la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas la Administración es quien debe cumplir. Si los recursos públicos no son suficientes, el tercer sector cobra fuerza porque "persigue nuestro mismo fin y no busca beneficios". En último lugar se sitúa la empresa pública a la que, sin embargo, los conciertos públicos anunciados no afectan. Entre los requisitos y obligaciones previstas en los conciertos sociales destaca que la entidad social "esté debidamente acreditada". Este proceso, sin embargo, aún está por concretar y se llevará a cabo en paralelo a la elaboración del decreto, aunque Oltra ha anunciado que se valorará la experiencia de la entidad y que tendrá que tener un certificado de calidad. "No se podrá cobrar más a un usuario más allá de las tasas fijadas, serán las mismas condiciones para el que está en centro público y para el concertado", ha asegurado Oltra.
Al igual que la idea de Mónica Oltra de equiparar sueldo y condiciones entre los trabajadores del tercer sector. "Una enfermera de un hospital debe cobrar lo mismo que una enfermera que trabaje en una residencia de mayores. Tampoco es comprensible que un técnico de infancia y otro de diversidad funcional no tengan la misma nómina",ha argumentado. La "unificación de convenios",sin embargo, se negociará con los sindicatos.
