La intención de la Entidad Pública de Saneamiento (Epsar) de anular la encomienda de gestión de 59 depuradoras a la empresa pública Egevasa (51% de la Diputación de Valencia y 49% de Aguas de València) ha abierto la caja de los truenos dentro de la institución provincial valenciana, donde Compromís y PSPV-PSOE mantienen un precario equilibrio cargado, cada vez más, de tensiones.
Fuentes próximas a Egevasa, adscrita a la diputada socialista Diana Morant ,dijeron ayer que la denuncia del convenio firmado en 1997 podría suponer el despido de un número indeterminado de trabajadores y chocaría, además, con un problema jurídico de primer orden ya que un 40 % del coste de las instalaciones fue financiado por la propia Diputación de Valencia, que prefiere tener a una empresa propia al frente de las depuradoras.
No se entiende tampoco que la Epsar pacte hace unas semanas con la Diputación de Castelló (enmanos del PP) la construcción de nuevas depuradoras y rechace seguir trabajando con la de Valencia, además de apoyar un proceso que finalizaría en adjudicaciones de la gestión a empresas privadas, algo que se entiende como una «privatización» de un servicio que ahora es público, aunque con participación de una empresa privada.
El Consejo de Administración de la Epsar tiene previsto abordar hoy la denuncia del convenio con Egevasa. Fuentes de la Diputación de Valencia dijeron, no obstante, que el presidente de la institución, Jorge Rodríguez y la presidenta del consejo, la consellera Elena Cebrián, habrían acordado volver a dejar «sobre la mesa» durante seis meses la denuncia para negociar mientras tanto un acuerdo sobre el precio por cada metro cúbico depurado y sobre cómo debe aplicarse la supervisión de la Epsar, que cada año abona 5,6 millones de euros a la diputación para cubrir los costes de las 59 depuradoras.
Debate abierto
Otras fuentes hablan de informes jurídicos e incluso sentencias que obligarían a anular el convenio con la Diputación de Valencia aunque esa eventualidad no esta contemplada en el informe de la Epsar presentado al Consejo de Administración y en el que se justifica la cancelación del contrato.
En Medio Ambiente sostienen que una eventual retirada de la gestión a Egevasa solo afectaría a un tercio del personal de la empresa, que podría «subrogarse» dicen, supuestamente con las empresas privadas que resultan adjudicatarias de la gestión de las depuradoras tras su salida a concurso.
