Inspectores de la Conselleria de Sanidad se personaron ayer por la mañana en las instalaciones del hospital de la Ribera en Alzira, que volverá a la gestión pública de aquí a un año, para comprobar si la empresa concesionaria había destruido documentación relevante. Según fuentes del centro, el inspector se personó a las ocho de la mañana en el despacho del director económico del hospital de Alzira, Santiago Ribelles, para certificar «exclusivamente» si había habido alteración o destrucción en los documentos o en datos confidenciales del departamento de salud, que pasará a manos de la gestión pública a partir del 1 de abril de 2018 tras acabarse el contrato de 15 años firmado en su día con la UTE Ribera Salud II por el Partido Popular.
La «maniobra» de la Conselleria de Sanidad fue criticada duramente ayer por Alberto de Rosa, consejero delegado de la empresa Ribera Salud, gestora del departamento de salud de la Ribera y de otros tres en la Comunitat Valenciana, en una entrevista en Onda Cero. El empresario denunció la visita de los inspectores para «comprobar que no se estaban destruyendo documentos». «Creo que alguien está intentando transmitir una sensación a la sociedad que va mucho más allá de las líneas rojas de las buenas relaciones institucionales», lamentó De Rosa.
Según las mismas fuentes, el inspector realizó las comprobaciones correspondientes y tras hora y media de trabajo concluyó certificando en un acta que no había habido «expurgo de documentación». «Se realiza inspección de la zona de residuos del hospital, no evidenciándose indicios de material de documentación que se elimina», recoge el acta en la que, además, se apunta que a preguntas del inspector, el director económico «comunica que no se está realizando expurgo alguno de documentación, verificándose en el acto de la visita dichas afirmaciones».
El episodio retrata el momento de tensión en las relaciones que mantiene la Conselleria de Sanidad con la principal concesionaria de la sanidad pública y que se encarga de la salud del 20 % de la población valenciana entre los departamentos de la Ribera, Dénia, Torrevieja y Elx-Crevillente. Ahora, la administración ha puesto fecha al fin de este modelo de colaboración pública-privada -al menos al de su buque insignia en Alzira- tras decidir no prorrogar el contrato suscrito en 2003.
La concesionaria ya ha anunciado que peleará en los tribunales (tanto a través de un proceso contencioso como también por la vía penal) la negativa de la administración a ir a la prórroga de cinco años prevista en el contrato de gestión que acaba el próximo mes de abril de 2018.
«Se tiene que justificar»
Defienden que la decisión es puramente «política» y ha sido tomada «de antemano» sin tener en cuenta los buenos resultados de la empresa al frente del departamento y el ahorro que supone la gestión privada. Para ello, Ribera Salud se acoge al borrador del informe que la Sindicatura de Cuentas ha realizado del departamento de Manises (también en manos privadas con Sanitas) y que arrojaría en principio un ahorro de un 21 % con respecto al coste público de la sanidad. «Las cosas se tienen que justificar y se tiene que dar motivos por los que se defiende el interés público y nada de esto ha sucedido», manifestó de Rosa que criticó que antes de recibir las conclusiones e informes de la concesionaria, la Conselleria de Sanidad «ya comunica una decisión tomada».
Las auditorías al hospital de Alzira se vienen sucediendo durante los últimos meses. La consellera del área, Carmen Montón, justificó esta semana que las «múltiples inspecciones» que se estaban realizando solo venían a cubrir la «laxitud absoluta» del gobierno del PP.
