La Conselleria de Vivienda ha empezado a aplicar la orden de regularización de viviendas públicas ocupadas en tres municipios, uno en cada provincia de la Comunitat Valenciana: la Vall d´Uixó, Picassent y Torrevieja.
En estas tres localidades es en las que la entidad pública de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) estudia cómo aplicar la nueva orden «de la forma más efectiva y beneficiosa para las familias». Tras esta prueba piloto, los efectos de la resolución se aplicarán a todas las comunidades de vecinos en los que la conselleria ha detectado que existe una problemática de ocupación de viviendas públicas desde antes de julio de 2015.
En concreto, en estos tres municipios el EIGE calcula que se podrían beneficiar 16 familias (ocho en Torrevieja, dos en Picassent y seis en la Vall d´Uixó), de las 450 que ha calculado que están ocupando una vivienda pública desde hace, por lo menos, dos años.
La orden, de la que ya informó Levante-EMV, permite que las familias okupas de una vivienda pública de la Generalitat que acrediten que esa es su residencia habitual desde antes de julio de 2015 puedan regularizar su situación, en algunos casos poniéndose al corriente de los pagos, para lo que contarán con facilidades; y en otros exclusivamente adoptando un compromiso a partir de ahora y con las condiciones actuales.
El plan piloto es el primer paso de la nueva normativa. En las tres localidades técnicos del EIGE que ya han recibido formación para aplicar la orden informan a las personas afectadas y que no cuentan con título de adjudicación para que presenten la documentación necesaria. En algunos casos la situación de ocupación se produce al no contar con alternativa habitacional y en otros por impagos o por haber cedido la vivienda a algún familiar, detallan.
El objetivo fundamental de la orden, según el EIGE, «es dar solución al problema que se produjo por la anterior gestión del gobierno del PP, que no aplicaba ninguna política de vivienda y abandonó la reforma del parque público». Esto, según la conselleria, provocó que «muchas familias estén ocupando una vivienda sin título a pesar de que cumplen los requisitos de vulnerabilidad para ser adjudicatarios de una vivienda social».
De hecho, cumplir los requisitos para ser beneficiarios de una vivienda social es el primer requerimiento para poder regularizar la ocupación. El resto es asumir el pago retroactivo de hasta 24 mensualidades y los gastos de comunidad (solo en el caso de las familias numerosas, monoparentales o con hijos menores).
o haber agotado todas las prestaciones por desempleo; ser mayor de 60 años o contar con un informe de los servicios sociales, además de poder acreditar que el domicilio ocupado es vivienda habitual desde hace, al menos, dos años.
Asimismo, las familias no deben contar con «reclamaciones de la comunidad», y también se tendrá en cuenta «el arraigo en el barrio». Estas facilidades no se aceptan para situaciones irregulares que se den después de julio de 2015, ya que «el actual Gobierno de la Generalitat entiende que ya está aplicando medidas para dar solución habitacional a las personas que están en riesgo de exclusión social» y no quiere que se produzcan situaciones de desigualdad.
