La Generalitat ha denunciado ante el fiscal de menores de Castelló los indicios de irregularidades detectadas en una inspección realizada en el centro de acogida de menores La Resurrección de Segorbe. La vicepresidenta Mónica Oltra aseguró el lunes que habían encontrado posibles «malos tratos» a los menores así como «comida caducada» e insuficiente y una «peligrosa situación de las obsoletas infraestructuras» en el centro gestionado por las Hermanas Terciarias Capuchinas, que atiende a menores en desamparo bajo tutela de la Administración.
Un comunicado oficial de las responsables del centro negó ayer «cualquier práctica de maltrato» a los menores que tenía acogidos hasta su traslado efectuado la semana pasada por orden de la conselleria. Los 18 menores residentes en Segorbe se hallan actualmente en otros centros de la provincia de Castelló.
El escrito a la Fiscalía recoge los casos de «castigos físicos», duchas de agua fría en noches de invierno, dejar a los menores sin comer durante horas, etc. y pide que el fiscal realice las actuaciones oportunas. Esta denuncia ante la Fiscalía se remitió el pasado viernes fruto de dos inspecciones realizadas el 30 de enero y el 2 de febrero, tres meses y medio antes.
Las terciarias capuchinas de Segorbe reaccionaron de forma contundente ante lo que consideran «juicios inciertos» y «falta a la verdad» que les ha generado, según afirman, una grave situación de «indefensión». «Tras casi 120 años de trabajo continuado atendiendo a menores en situación de riesgo y exclusión social, una rueda de prensa de 30 minutos puede ser suficiente para destruir todo lo que se ha construido desde 1885 hasta 2017», esgrimen. «A pesar de las consecuencias que pudieran suceder las Hermanas Terciarias Capuchinas no están dispuestas a callar ante esta injusta decisión», añade el comunicado oficial.
No es el único posicionamiento crítico conocido ayer. El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, recordó ayer que en julio de 2015 ya se pronunció sobre el deficiente sistema de supervisión e inspección de los centros de protección de menores.
En su resolución, el Síndic denunciaba el incumplimiento sistemático de la obligación legal de la Administración de realizar el seguimiento y supervisión con una periodicidad de seis meses en el caso de los centros de acogida de menores. Por ello, recomendaba a la actual Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas el aumento de dotación de personal de los servicios de inspección así como el establecimiento de una metodología que asegurara el efectivo cumplimiento de esta obligación legal. Fue el lunes cuando Mónica Oltra anunció un cambio global en la política de acogida a los menores, con 410 nuevos profesionales y una inversión total de 40,7 millones de euros.
«Dos años gobernando»
El PP, por su parte, reaccionó con dureza después de que el Consell haya acusado a la Administración popular de dejar en el «olvido» a los menores tutelados. El diputado del PP en las Corts Juan José Zaplana acusó a la vicepresidenta de mentir en esta materia y señaló que Oltra lleva dos años gobernando y en este tiempo tendría que haberse encargado de «supervisar» y «poner solución» a ese supuesto abandono y deterioro en las instalaciones. El PP también reprocha al Consell que si en febrero se habían detectado problemas en el centro de Monteolivete, por qué no se ha actuado hasta mayo.
Desde Esquerra Unida, su coordinador David Rodríguez exigió al Gobierno autonómico que, tras dos años desde que asumiera la gestión autonómica, «se ponga manos a la obra e inicie una reestructuración completa del sector que permita dejar atrás las antiguas licitaciones realizadas por el PP».
Comisiones Obreras precisa que «la mayoría de menores de protección atendidos en el País Valencià no han estado en situación de abandono; lo que sí estaban abandonadas son las políticas de menores ejercidas por la antigua Conselleria de Bienestar Social».
Por último, la directora del centro de recepción de menores de Monteolivete (València), que será cerrado como adelantó Levante-EMV, dijo ayer que el centro carece de «condiciones mínimas de habitabilidad».
