Se esperaba para el viernes, pero finalmente fue ayer cuando el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro desbloqueó el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 2017. La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, a través de la Tesorería, cargó para su abono la próxima semana un total de 34.988 facturas de proveedores valencianos, por importe conjunto de 296 millones de euros, todas ellas destinadas íntegramente a gasto social.
El conseller Vicent Soler resaltó que la apertura del FLA 2017 «se ha producido tras cerrar con el ministerio de Hacienda un Plan de Ajuste que, a diferencia del año pasado, no incluye la exigencia de un Acuerdo de No Disponibilidad ni de retenciones de crédito cautelares». Un punto, el de No Disponibilidad, que irritó al Ejecutivo valenciano el año pasado.
«No hemos admitido recorte alguno. No lo hicimos el año pasado, cuando inicialmente y desde algunas voces en la Comunitat Valenciana se nos reclamaban tijeretazos de hasta 1.300 millones, y tampoco lo hemos hecho este ejercicio», destacó el conseller.
Soler subrayó que, como novedad, el Plan de Ajuste incluye una cláusula acordada con el ministerio que estipula que el Escenario de Evolución Financiera 2016-2018 queda abierto a su revisión por parte de la Generalitat una vez se apruebe el nuevo modelo de financiación autonómica.
Entre los pagos susceptibles de ser incluidos en el FLA figuran, entre otros, los relativos a conciertos sanitarios, educativos y de servicios sociales, como los centros de menores, respecto a cuyos impagos la vicepresidenta culpaba el pasado viernes a la infrafinanciación.
Más ingresos
Fuentes de Hacienda señalaron que se ha producido una mejora en las liberaciones a cuenta respecto a las cantidades que dijo el ministerio en octubre de 2016 y la actualización de esas cifras en los presupuestos generales del Estado. En concreto, un aumento de 381 millones.
Por otra parte, la reciente sentencia del Tribunal Supremo a través de la cual se vuelve a aplicar un coeficiente al valor catastral para determinar el valor de un inmueble, tasa que fue retirada por el Tribunal Superior de Justicia al entender que no era «idónea», permitirá a la Generalitat encajar más ingresos a través del impuesto de Sucesión y Transmisiones, según las mismas fuentes.
