El archivo, por tercera vez, de la causa del accidente del metro de València podría suponer el carpetazo definitivo, al menos de una parte de la investigación. En el auto que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano hizo público el lunes, la jueza, Nieves Molina, decreta «sobreseimiento libre» para las cuestiones relativas a la formación y capacitación del maquinista y las de las medidas de seguridad.
Esto supone que, si alguna de las partes recurre ante la Audiencia de València y esta confirma en todos sus términos el auto de Molina, ni la seguridad, ni la capacitación del conductor fallecido podrían volver a ser investigados ante una hipotética reapertura del caso. En ese supuesto, sólo se podrían volver a estudiar las partes cerradas por la juez con sobreseimiento provisional, esto es, las que afectan al material móvil y a la infraestructura.
La jueza considera que la principal causa del siniestro es el exceso de velocidad -de unos 40 km/h- y que la seguridad existente en el momento del accidente en la L1 cumplía los «estándares». «No hay ningún indicio de que [ese convoy] tuviese problema de frenos», escribe.
La jueza, además, considera que la «no colocación de la baliza no suponía un incumplimiento en materia de seguridad laboral» y que «tampoco se puede exigir a la Administración (...) la utilización de la tecnología más avanzada, pues toda inversión de cualquier administración pública siempre dependerá de la existencia de una partida presupuestaria», en referencia a que estas medidas existían y estaban en algunos tramos de Metrovalencia, pero no era obligado disponer de ellas por ley.
«No ha lugar» a las declaraciones
Por otro lado, fuentes consultadas por Levante-EMV cuestionan la decisión de la jueza instructora de archivar la causa sin haber citado a declarar a los últimos investigados (Marisa Gracia, Juan José Gimeno, Manuel Sansano, Luis Miguel Domingo y Sebastián Argente), al considerar que «no ha lugar».
Ayer, las Corts se hicieron eco de la decisión judicial. Los cinco grupos parlamentarios mostraron su respeto a las resoluciones judiciales y el apoyo a las víctimas, aunque desde Compromís y Podemos criticaron la labor desarrollada por la jueza.
La diputada de Compromís, Isaura Navarro, fue la más dura en las críticas a la actuación judicial, al asegurar que «las decisiones judiciales se tienen que ganar el respeto y en este caso no es así» porque «desde el principio ha habido una falta de diligencia por parte de la jueza que ha llevado este asunto, que en el momento en que tendría que haber estado abajo, donde el accidente, se fue a comer a un bar de tapas con el secretario y el médico forense. Esa es la triste realidad».
Fabiola Meco, de Podemos, consideró que existe una «desidia judicial» y «hay pruebas, hay testigos y material suficiente como para que haya un juicio justo». Así también lo consideró Toni Subiela, diputado de Ciudadanos, que mostró su «sorpresa» porque «no se encuentren responsables penales» en la investigación con lo que se reveló en la comisión de las Corts. Por su parte, Ana Barceló, del PSPV pidió que se realicen todas las pruebas que han pedido las partes, para que la cuestión «se zanje bien».
Solo el PP no pronunció crítica alguna y el diputado Rubén Ibáñez pidió el «máximo respeto» a las resoluciones de la jueza y a la «independencia judicial».
En el mismo auto, la jueza parece intentar defenderse de las críticas, asegurando por escrito que su labor «nada tiene que ver con prejuzgar los hechos o arrogarse la condición de juez sentenciador».
