El dictamen de la comisión de investigación de las Corts sobre las residencias de mayores y en especial las del grupo Savia constata muchas de las sospechas sobre la gestión de esos centros en los años de Rafael Blasco y Juan Cotino como responsables del área de Bienestar Social. El documento se aprobará el lunes en comisión.
Tras 16 meses de trabajo y 89 comparecencias, los diputados David de Miguel (Ciudadanos), Mónica Àlvaro (Compromís), Concha Andrés (PSPV) y César Jiménez (Podemos), que han llevado en este tiempo el peso de la investigación política, concluyen que hubo trato de favor hacia las empresas, especiamente las de la familia del exconseller de Bienestar Social y vicepresidente, Juan Cotino, que tuvo el control del 40 por ciento de Gerocentros del Mediterráneo, después llamado Grupo Savia.
El dictamen también recoge que el propio Cotino cambió en 2010 la declaración de bienes a la que están obligados los altos cargos. La ocultó por motivos de seguridad y después no presentó una nueva.
Según apuntan los diputados, las grabaciones de la UCO de la Guardia Civil al constructor y sobrino del exconseller, Vicente Cotino, ayudan a entender que su objetivo era cubrir todas las plazas que habían construido porque ahí es donde radicaba el negocio. En concreto el grupo Savia pasó de una facturación de 14 millones a 40 en apenas dos años. Sus plazas financiadas por la Generalitat se elevaron de 700 a 2.000.
Según han explicado los diputados, los distintos consellers del área desde los tiempos de Alicia de Miguel, pero especialmente con Blasco y Cotino se dedican a blindar el sistema y mejorar las condiciones para las empresas sin ningún tipo de rubor. Angélica Such evita modificarlo y Jorge Cabré aunque lo intenta tampoco lo consigue.
El dictamen también cuestiona el papel del miembro del Consell jurídic Consultiu a instancias del PP, Enrique Fliquete, quien debió abstenerse de participar en la valoración de las normas sobre las residencias que llegaban a este órgano porque tenía intereses en el despacho de abogados que defendía a las empresas que participaban en la adjudicación de las plazas.
Los diputados también señalan que hay muchas sospechas de que Alfonso Rus y Marcos Benavent cobraron comisiones por la residencia que se instaló en Xàtiva sobre una parcela municipal, que acabó en manos de la empresa Gerocleop.
El contrato que acaba por beneficiar a las empresas empieza con Blasco. La mayoría de las adjudicatarias son firmas con gran volumen de negocio y vinculadas al mundo de la construcción. A los dos meses de la primera adjudicación a esos centros, el Consell popular ya elaboró un informe de exclusividad que obliga a la Administración a concertar un tercio de las plazas que se construyan y llega a señalar que esa concertación puede llegar hasta el 100 por cien.
Además el proceso se realiza con numerosos problemas administrativos, pero el dictamen concluye que el único objetivo era consolidar negocio para las empresas, que llegaron a calificar de espléndidas algunas de las normas que emanaban del Consell popular, que llegó a realizar una consignación presupuestaria de 489 millones de euros. Durante estos años, las empresas también registraron incumplimientos graves de los pliegos, que nunca fueron sancionados por la Administración.
Tras Blasco llega Cotino, quien se incorpora a Bienestar Social y consolida el negocio. Les reconoce como centros concertados, les da preferencia y un rango legal. También les abre la puerta a concertar el cien por cien de las plazas y a que se les pueda pagar más. Son los años en que la facturación de las empresas de la familia Cotino pasa de 11 a 40 millones. Por aquellos años un informe de la Intervención llegó a calificar de fraude el modelo Cotino.
Tambien hay muchas sombras en los informes del Consell. Por ejemplo se evita el que tenía que realizar el director general de Presupuestos, que era necesario porque afectaba a cientos de millones de euros. La conclusión de los diputados es que existía una voluntad clara de formalizar un trato de favor hacia las empresas. Un trato de favor difícilmente justificable en el caso de Cotino que fue vicepresidente del Consell y no se apartó de la toma de decisiones que tomaba la Generalitat.
El PP asegura que Oltra consolida el mismo modelo
Mientras, el PP ha realizado sus propias conclusiones, entre las que destaca que dos años después de su toma de posesión, la vicepresidenta del Consell y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha consolidado el modelo de accesibilidad, que ha pasado de mal nombrarse "Modelo Cotino" a "Modelo Oltra", según explican.
Los populares añaden que se ha seguido con las licitaciones que han resultado adjudicadas a las empresas de los mismos grupos, lo que descartaría cualquier tipo de connivencia entre las mismas y antiguos cargos del Partido Popular.
Los populares también concluyen que el modelo de accesibilidad surge para dar respuesta a una necesidad grave de la sociedad y todo el proceso ha seguido el estricto cumplimiento en cada momento de la normativa vinculada al respecto.
Además, añaden que el objeto de la investigación ya ha sido examinado por la Fiscalía Provincial de Valencia, Sección de Delitos Económicos y Contra la Corrupción concluyendo que no existen responsabilidades. El PP también critica que las conclusiones que firman en común los otros cuatro partidos en realidad vienen a ser ´premisas prejuzgadas´ de antemano.
También reprochan la ausencia total de búsqueda de consenso a fin de encontrar puntos comunes aproximando posiciones y el incumpliento del plan de trabajo al excluir al grupo Popular de las reuniones para la elaboración del dictamen.
