El Síndic de Greuges ha irrumpido en el debate sobre el futuro de la Administración electrónica y el posible menoscabo de derechos que puede sufrir la población sin medios o conocimientos para la tramitación telemática que impondrá una ley estatal a partir de octubre de 2018. El Defensor del Pueblo valenciano se reunió ayer con la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana para atender la inquietud del colectivo en este sentido. Tras la cita, exigió «que las Administraciones Públicas cumplan con su deber de asistir o ayudar a las personas en el uso de medios electrónicos, sin que puedan padecer ningún tipo de discriminación o perjuicio por no tener acceso a internet o no saber utilizar las nuevas tecnologías».
Vicent Inglada, secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, trasladó al Síndic que «ni la Administración autonómica está preparada para el aluvión de solicitudes, reclamaciones y trámites de la ciudadanía» cuando en octubre de 2018 se imponga por ley la Administración electrónica con carácter general para las personas físicas, ni tampoco la población está preparada. «Hay una brecha digital en la sociedad, que golpea especialmente a las poblaciones de interior y a la franja de mayor edad, que no tiene conocimientos informáticos para realizar gestiones de manera digital», advirtió Inglada al Síndic, José Cholbi.
El representante de los consumidores avisa del riesgo de que la norma en ciernes vulnere derechos de la ciudadanía. Tras la reunión, la oficina del Síndic manifestó a Levante-EMV su empeño por defender ante las Administraciones un principio básico para el nuevo modelo de tramitación digital: «En aquellos supuestos en los que las personas físicas estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos, tienen derecho a ser asistidas en el uso de estos medios en sus relaciones con la Administración». La asistencia pasa por una atención personalizada, cara a cara, de un funcionario, y su ayuda para realizar los trámites electrónicos.
Por ello, reclaman que la Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos valencianos habiliten medios suficientes. «Las instituciones públicas deben seguir trabajando para que ninguna persona pueda sufrir algún perjuicio o discriminación», instó el Síndic de Greuges.
Según prometió a la Unión de Consumidores, la sindicatura trasladará un requerimiento oficial a las Administraciones implicadas en este sentido para que no dejen a nadie en la cuneta. Además, invita a que cualquier ciudadano que entienda que la Administración autonómica o local ha vulnerado sus derechos en relación con la Administración electrónica, puede acudir al Síndic de Greuges para denunciar un comportamiento que entienda como discriminatorio.
Cabe recordar que la Conselleria de Transparencia ultima un plan para desplegar hasta 200 empleados públicos en siete oficinas del PROP que asistirán en la Administración electrónica a los perfiles más débiles de la «brecha digital». Asimismo, la Diputación de València ayudará a los trámites electrónicos en sus oficinas comarcales. Las sedes de Xàtiva, Gandia, Sagunt, Llíria, Chiva, Moncada y Utiel tendrán unidades de asistencia presencial al ciudadano de cara a octubre de 2018: el fin señalado del registro presencial. La Federación Valenciano de Municipios Y Provincias ha exigido que impere el «sentido común» y que ninguna Administración deje de atender de manera personal a quien lo solicite.
