La ley de seguridad ferroviaria valenciana, que comenzó a redactarse en octubre de 2015, llega hoy en segunda lectura al pleno del Consell, tras el proceso de consultas y exposición pública, para que siga su tramitación como proyecto de ley en las Corts.
La nueva normativa y la agencia de seguridad ferroviarias eran una de las demandas reclamadas por la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) durante años década y asumida por los seis partidos que pactaron impulsarla y reabrir la comisión de investigación del accidente del metro (PSPV, Compromís, Ciudadanos, Podemos, EU y UPyD) el 4 de mayo de 2015.
Aunque en el tramo final de su aprobación, el texto legal ha levantado ampollas entre los sindicatos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que el pasado lunes iniciaron la primera de las 17 jornadas de paros (parciales y de 24 horas) convocada por el Sindicato Independiente Ferroviario (SIF), UGT, CC OO y para mostrar su desacuerdo por el nuevo texto legal.
Los sindicatos alegan la falta de negociación y diálogo con la empresa para pactar el texto legal en lo referente a las modificaciones de sus condiciones de trabajo. Desde la Conselleria de Obras Públicas aseguran que se realizó una «presentación específica del anteproyecto de ley en enero de 2017 ante los trabajadores de FGV», a la que se añaden «reuniones entre responsables de la conselleria con representantes sindicales en los meses de mayo y junio». Aunque fuentes sindicales critican que «apenas se nos dio diez días para que presentáramos alegaciones».
Al detalle y entrando en materia, una de las cuestiones que rechazan los sindicatos es el régimen sancionador previsto en el anteproyecto de ley (con multas que oscilan desde los 7.500 euros las leves hasta 38.000 euros las graves y 380.000 euros las muy graves).
Una normativa legal que los sindicatos consideran que duplica el reglamento sancionador que ya existe en FGV. Por eso, han presentado al Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) para intentar desconvocar la huelga reclaman que sea FGV «quien responda del pago de las multas que pudieran imponerse por infracciones cometidas por su personal», que se adapte el reglamento disciplinario de FGV a la nueva normativa y que el nuevo texto legal «no contemple sanciones para los trabajadores de las entidades ferroviarias».
Desde la Conselleria de Obras Públicas aseguran que la nueva ley «ya se ha adaptado a las alegaciones de los sindicatos al decir en el apartado 3 del artículo 55 que ´no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los que casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento». Se trata, explican desde la conselleria, de aplicar el principio legal «non bis in idem» que impide legalmente sancionar a una persona por un mismo hecho por partida doble.
El departamento que dirige Maria José Salvador insiste en que esta normativa «no es de aplicación exclusiva a los trabajadores de FGV, sino que se aplicará a las personas físicas o jurídicas que realicen actividades ferroviarias de competencia autonómica e incluso los usuarios que puedan perturbar la prestación del servicio de transporte». Por ello, concluyen «no se puede aplicar una genérica exención» que «descafeinaría esta normativa legal para garantizar la seguridad ferroviaria».
