Los cuatro sindicatos convocantes de los paros de veinticuatro horas y parciales en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) -SIF, UGT, CC OO y SCF- comunicaron ayer por la tarde la suspensión de dos días de huelga, tras aceptar la empresa retomar la negociación.
De esta manera, los paros previstos para los próximos 20 y 22 de septiembre quedan anulados, a la espera de la evolución de las negociaciones.
Una decisión que adoptan tras «haber llegado a un acercamiento de los puntos de la convocatoria de huelga por la implicación del proyecto de ley de seguridad ferroviaria en los trabajadores de FGV». Este acuerdo no afecta a los paros que estaban convocados para el jueves 21, el sábado 23 y el domingo 24, que continúan activos.
Según fuentes oficiales de FGV, la empresa ha alcanzado «un principio de acuerdo sobre los reconocimientos médicos y pruebas psicológicas del personal de circulación de FGV, que, al igual que otras cuestiones a negociar, formarán parte de un acuerdo global que permitiría, de alcanzarse un acuerdo, la desconvocatoria de todas las movilizaciones previstas».
El diputado autonómico y la senadora de Podemos, Antonio Montiel y Pilar Lima, también se reunieron ayer con los sindicatos de FGV en València (UGT, SIF, SCF, CC OO, SF-IV y CGT). Un encuentro que ambos diputados justifican por «la fuerte conflictividad laboral dentro de la empresa pública de transporte, por el proyecto de ley de seguridad ferroviaria».
La norma se aprobó el pasado viernes en el pleno del Consell y nació como petición de la Comisión de Investigación del accidente del metro de 2006. Los sindicatos temen, según explican desde Podemos en un comunicado, que el nuevo texto legal «se convierta en la puerta abierta para la liberalización de un sector estratégico y la pérdida de derechos laborales adquiridos».
También detectan «una amplísima atribución de poderes a la futura Agencia Valenciana de Seguridad, nombrada íntegramente por el Consell, que creen puede entrar en conflicto con los acuerdos ya alcanzados en el seno de la compañía entre sindicatos y gerencia».
Una «indefinición clara de los límites de estos poderes facilitaría enormemente la capacidad de recorte de derechos de un eventual operador privado en caso de producirse la externalización de más servicios», explican Montiel y Lima que les detalló el personal de FGV.
Ambos políticos se mostraron sorprendidos al saber que la negociación para el nuevo texto legal se ha limitado «a cuatro reuniones en dos años». Por ello, van a presentar una pregunta parlamentaria y «coordinar las acciones de defensa del derecho de los trabajadores de FGV a la negociación colectiva con la mejor ley para la mejor seguridad ferroviaria con el derecho al mejor servicio público de todos los valencianos y valencianas».
