Los expertos en financiación de diferentes autonomías reunidos ayer en la Nau de la Universitat de València en un seminario organizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) pusieron de manifiesto que existe un importante grado de coincidencia y sintonía en sus posiciones respecto a la reforma del modelo de financiación autonómica, una cuestión clave para el futuro de la Comunitat Valenciana.
«Hay un tronco común de consenso», aseguró el director del Ivie, Francisco Pérez, que reclamó un acuerdo de Estado en el que la clave sea la suficiencia financiera para prestar los servicios públicos fundamentales y reclamó que el nuevo modelo se asiente sobre la base de la nivelación, la autonomía fiscal y la gestión transparente.
Los expertos coinciden en cuestiones como la necesidad de acabar con el statu quo que permite a autonomías perpetuar su posición de ventaja respecto a otras como la valenciana. También coinciden en que la revisión del sistema de financiación debe fundamentarse en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal.
Pero esa sintonía contrasta con la división entre los partidos políticos valencianos incapaces de movilizarse conjuntamente por una cuestión, la de la infrafinanciación, que todos los partidos asumen tras el informe de la comisión de expertos.
Durante, la jornada de ayer, los expertos ofrecieron datos que señalan que las autonomías, especialmente la valenciana, han visto recortados sus recursos para atender los servicios públicos fundamentales mientras que el Gobierno de España las ha ampliado.
La conclusión es que los recursos del sistema de financiación entre 2009 y 2016 no han cubierto el gasto efectivo de las autonomías, el caso de la valenciana es el más dramático, ni sus necesidades. En datos de recursos por habitante ajustado se producen diferencias tan extremas como la de Cantabria y la Comunitat Valenciana, alejadas por 30 puntos porcentuales.
Según el informe de los expertos, la insuficiencia de recursos para asumir los servicios esenciales se elevaba en el ejercicio 2015 a 16.000 millones de euros.
