La Conselleria de Hacienda explicó ayer que casi la mitad de los mil millones de remanentes de crédito que quedaron sin gastar en 2016 son consecuencia de la herencia recibida del Consell popular. Así, calcula que unos 480 millones no pudieron ejecutarse porque técnicamente era imposible.

Fuentes del departamento que dirige Vicent Soler indicaron que 287 millones son consecuencia del aval para salvar de la quiebra a la Sociedad de Garantía Recíproca, y eran inejecutables a 31 de diciembre. Añadieron que unos 169 corresponden al fallido Plan Confianza, cuya ejecución está en manos de los alcaldes y que existen 23 millones de euros de las ayudas a la vivienda gestionadas en la época en la que Isabel Bonig fue consellera y cuya tramitación está siendo muy compleja. Por otro lado, subrayaron que pese a los remantes, las obligaciones reconocidas estaban al 97%.