La Unió de Periodistes presentó ayer el recurso de reposición contra los baremos que regulan las bolsas de empleo de los futuros medios de comunicación públicos valencianos, dando inicio así a un camino marcado por un conflicto laboral cuyo desenlace se desconoce. La nueva À Punt nacerá como murió la anterior, con polémica por las plantillas.

Según explicaron fuentes de la asociación mayoritaria de periodistas valencianos, el Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) tiene ahora un plazo de un mes para responder al escrito en el que se pide que se reconsidere la puntuación que recibirán los candidatos que se postulen a los puestos ofertados por los medios.

Se trata de una vía «administrativa» previa a la judicial a la cual podían optar los recurrentes sin perjuicio de acudir más tarde a los tribunales, según se recogía en las bases de la convocatoria de la Societat Valenciana de Mitjans de Comunicació.

Como explicó la Unió este verano, la idea es agotar todos los cauces y renegociar los criterios para evitar un litigio que podría terminar en una suspensión cautelar del proceso de selección de personal. Y, como reitera la directora general de À Punt, Empar Marco, sin trabajadores no se pueden encender los medios, lo que podría retrasar aún más la reapertura de À Punt.

Este es el primer paso que ha dado el colectivo de periodistas para intentar frenar el proceso de selección de personal que trabajará en los nuevos medios. La Unió entiende que los baremos que se estipularon vulneran el derecho de igualdad de los aspirantes a una plaza en la futura radiotelevisión valenciana, ya que las reglas de ponderación otorgan hasta 19 puntos más a los extrabajadores de la antigua RTVV dependiendo de su antigüedad y de si habían superado algún proceso de selección.

En una votación el pasado mes de julio, con 84 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones, la asociación decidió explorar la vía judicial para oponerse al proceso de selección. Según explicaron las mismas fuentes, ahora se abre un mes en el que se pretende buscar una negociación con el consejo rector y lograr una reformulación de los criterios.

Sin embargo, fuentes de À Punt y la propia directora general de los medios, Empar Marco, han señalado en diversas ocasiones que los requisitos y la valoración de los mismos se pactaron con los sindicatos, «los interlocutores válidos» en este asunto. Ayer, fuentes del consejo rector explicaron que de, momento, «y como cualquier otro recurso» se va a estudiar su contenido y la respuesta que darán.

Si tras un mes no se consigue llegar a un acuerdo en este plano institucional, la Unió ya anunció que recurrirá a la vía de los tribunales, en concreto, a la contenciosa-administrativa. En ese caso, la asociación convocará una asamblea con sus más de 1.000 socios (aunque en la de julio apenas votaron 100) en la que se decidirá si se pide la suspensión cautelar del proceso de contratación hasta que los tribunales lleguen a una conclusión.