El tira y afloja a tres bandas (PP, Consell y universidades públicas) a cuenta de la publicación de las cajas fijas de los centros educativos ha acabado estallándole en la cara a la Conselleria de Educación. El departamento que dirige Vicent Marzà se enfrenta desde ya a multas coercitivas y, lo que es más grave, a posibles responsabilidades penales si no cumple con la sentencia emitida hace más de un año por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y entrega al grupo popular de las Corts la relación de gastos (justificantes y facturas incluidas) de la caja fija de las cinco universidades valencianas entre 2006 y 2014.
Así consta en una providencia dictada por la sala de lo contencioso-administrativo con fecha 30 de octubre en la que se insta a la conselleria a identificar a la autoridad o funcionario responsable de ejecutar el fallo. El tribunal advierte de que «en caso de persistir en el incumplimiento daría lugar a la imposición de una multa coercitiva de 1.000 euros, reiterable cada 20 días, así como a la deducción de testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder».
El departamento que dirige Vicent Marzà ya ha respondido al requerimiento judicial a través de un escrito firmado por la directora general de Universidad, Investigación y Ciencia, Josefina Bueno, quien se señala a su departamento como responsable de la ejecución.
Traslada al tribunal todas las actuaciones realizadas por la conselleria para ejecutar la sentencia, pero viene a responsabilizar a las universidades de que la documentación facilitada fuera incompleta. «Se hace constar que, pese a los reiteradas peticiones realizadas por las universidades por parte de esta Dirección General para obtener y dar traslado de toda la documentación, a fecha de hoy, no se ha recibido la documentación relativa a la copia de facturas y justificación de gastos contabilizados y pagados con cargo a las partidas de la caja fija», apunta.
Se da la circunstancia de que esta documentación retenida por las universidades es el principal foco de conflicto y el que puede acabar acarreando un serio problema al Consell. El origen hay que situarlo en la sentencia de octubre de 2016, una de las primeras que ganó el PP en los tribunales contra la Generalitat por vulneración de los derechos fundamentales, en este caso por su negativa a entregar las cajas fijas de las universidades, con el argumento de que estas gozaban de autonomía.
El alto tribunal dio la razón al PP y exigió al Consell que extendiera la exigencia de transparencia a las universidades al estimar que su autonomía económica y financiara no les eximía «de cualquier control», máxime cuando se nutren de fondos públicos.
El fallo forzó a las cinco universidades públicas a airear por primera vez sus gastos de caja fija(pagos que carecen de control previo para comidas, viajes, etc), pero el desnudo fue incompleto. Las instituciones volcaron datos genéricos, pero no el detalle de las facturas y sus justificantes que exigía el PP con aval del TSJ, documentos que permiten conocer con todo detalle, qué, quién, cómo, dónde y por qué de todos los gastos. Toneladas de información que podría acabar siendo un caja de sorpresas.
Insatisfechos con la información recibida, los populares a través de su abogado Jorge Carbó, requirieron de nuevo el auxilio del tribunal para la ejecución completa de la sentencia y tomara medidas en caso de incumplimiento. El 31 de julio de 2017, el TSJ ordenó a la Dirección de Universidad para que en el plazo de diez días le informara de las medidas adoptadas. Tras tres meses de espera al tribunal se le ha acabado la paciencia y está dispuesto a adoptar medidas coercitivas.
Se trata de una auténtica patata caliente para el Consell, sobre todo si las universidades no colaboran. El TSJ ya dejó claro en 2016 que el argumento del colapso administrativo no era admisible «a la luz de las nuevas tecnologías».
