El saqueo de 24 millones de euros en la depuradora de Pinedo (València), lo que se ha conocido como el caso Emarsa, afronta esta semana su recta final con la exposición de conclusiones por parte de las acusaciones para las 24 personas que se sientan en el banquillo. A partir de las 9.30 horas de hoy, está previsto que las fiscales del caso comiencen a exponer sus conclusiones definitivas.

Como ya informó Levante-EMV, el Ministerio Público aumenta la pena requerida para el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta -de 12 a 24 años de prisión- y para el expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises, Enrique Crespo -de 14 a 24 años-.

A estos dos acusados les reclama más pena al dividir en dos los delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales. Esto es, les atribuye los mismos delitos dos veces porque se cometieron en dos empresas públicas distintos: Emarsa y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas residuales (Epsar).

Para el exgerente de la Epsar, José Juan Morenilla, rebaja la pena de prisión de 14 años a 10, mientras que para el exjefe de Explotaciones de la misma entidad Ignacio Bernácer, la pena que le solicita se queda en tres años y seis meses después de que éste admitiera los hechos que se le atribuían y devolviese parte del dinero desviado.

Otros acusados que han conseguido una rebaja en la pena requerida por la fiscal son Santos Peral, exjefe de contabilidad y que tenía responsabilidad políticas en el PP de València, para el que reclama nueve meses y un día de cárcel sustituible por una multa de 3.360 euros; e Ignacio Martínez Maiques, exjefe de compras e igualmente miembro del PP, que se enfrenta a la misma pena que Santos Peral.

Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa, se enfrenta a 10 años de prisión; Adolfo Polo, exjefe del área medioambiental, a dos años y medio; y Sebastián García Martínez 'Chanín', exinformático de la entidad, a cinco años de cárcel, entre otros.

Los acusados, además, según requiere la Fiscalía, deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Epsar y a Emshi en 23.501.620,35 euros más los gastos derivados del proceso de liquidación cuantificados hasta este momento en 8.194.472,11 euros y los 3.185.550,72, si se confirman las sanciones tributarias impuestas o, en su caso, en la cuantía que se determine una vez concluya el procedimiento administrativo.

El caso Emarsa, dividido en una decena de piezas, se investigó durante cinco años. Saltó a la luz en 2010, cuando el PSPV denunció que Emarsa acumulaba un déficit de 16 millones de euros, además de contratos no justificados por 32 millones más. En 2011, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia abrió una investigación que salpicó a políticos y empresarios.