La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, antes de plantear ante el Tribunal Constitucional (TC) una cuestión de inconstitucionalidad contra el decreto-ley de Plurilingüismo solicitada por la Diputación de Alicante y la Asociación para la Defensa del Castellano en la Comunitat Valenciana, ha decidido abrir un plazo de 10 días para dar audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal.
La cuestión de inconstitucionalidad, de plantearse, según fuentes del TSJ no sería por el contenido del decreto-ley que permitió arrancar con normalidad el presente curso 2017-18 sino por la inejecución de la medida de suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo dictada por el alto tribunal valenciano a instancias de la diputación alicantina, gobernada por el PP.
Así pues, durante los próximos 10 días, tanto la Fiscalía como la Conselleria de Educación deberán exponer sus argumentos, al igual que la Diputación de Alicante y la Asociación para la Defensa del Castellano. El TSJ también ha dado audiencia en sendas providencias dadas a conocer hoy a las plataformas y entidades que recurrieron la suspensión cautelar del decreto: el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (Stepv), Escola Valenciana, Acció Cultural del País Valencià y Més Algemesí.
El TSJ, si finalmente decide elevar el decreto-ley al TC, plantearía una cuestión de inconstitucionalidad por la finalidad del decreto-ley al utilizarse como vía para eludir la suspensión cautelar del decreto de enero de 2017. Para que el Constitucional se pronuncie sobre el contenido del decreto-ley, si este incumple o no la Constitución, habría hecho falta que el Gobierno o al menos un grupo de 50 diputados o senadores plantearan un recurso de inconstitucionalidad, algo que no ha sucedido. Por tanto, lo único que podrá plantear el TSJ ante el Constitucional es si con el procedimiento del decreto-ley elegido por el Consell para preservar su modelo educativo se ha impedido ejecutar la medida de suspensión cautelar.
El pleno del Consell aprobó el viernes 1 de septiembre, a 10 días de empezar el curso, un decreto ley que le ha permitido aplicar solo este curso del modelo educativo plurilingüe en Infantil de tres años que fue suspendido cautelarmente por el TSJ. La normativa de urgencia, utilizada sólo en casos excepcionales, posibilitó un inicio normal del curso con el programa educativo en valenciano, castellano e inglés elegido por las familias durante el proceso de admisión del alumnado para el curso 2017-18.
La suspensión cautelar del decreto ley que finiquitaba el modelo de doble línea en valenciano y castellano para implantar una línea única, con diversos programas con más o menos castellano en inglés, se dictó con posterioridad a la admisión del alumnado. Con el decreto-ley, Educación evitó tener que repetir el proceso de matrícula a 10 días de empezar el curso pues los padres y madres habían elegido unos programas que el TSJ suspendió con posterioridad a su elección.
El decreto-ley, que asume la sentencia del TSJ que anuló la disposición adicional quinta del decreto anterior, la que prevé que se darán certificaciones de los diversos niveles de lengua, creó tres nuevos programas lingüísticos que tienen sus correspondencias con las líneas elegidas por las familias en el proceso de admisión. Con ello, Educación se evita una nueva matriculación, tal como se debía haber procedido al acatar las instrucciones del TSJ que recurrió el Consell. Desde Infantil 4 años y en los cursos siguientes se aplica este curso el anterior decreto que apróbó el PP en 2012, tal como ordenó el TSJ.
La ley se tramita en las Corts
Ahora las Corts tramitan una Ley de Plurilingüismo consensuada por PSPV, Compromís y Podem que permitirá aplicar a partir del próximo curso un nuevo modelo de enseñanza plurilingüe. Los tres partidos firmantes del Pacte del Botànic pretenden así blindar uno de los proyectos centrales de la legislatura y también uno de los que más confrontación política y social ha suscitado. Esta nueva versión del plurilingüismo intentará suavizar los aspectos más conflictivos para eludir los recursos del Gobierno y evitar así un segundo naufragio en los tribunales. Para ello desvincula el aumento de las horas en inglés a una mayor presencia del valenciano y establece un mínimo del 25 % de horas lectivas en castellano y valenciano y del 15 % en inglés, que llegue como máximo a un 25 %. A partir de estos tres umbrales de partida cada colegio tendrá libertad para organizar su Programa Lingüístico de Centro (PLC).
Además, el nuevo plurilingüismo, que derogará el decreto del Consell del pasado enero que el TSJ tiene suspendido cautelarmente, no contempla el polémico «caramelo» del inglés. Es decir, que ya no se vincula el aumento de las clases en el idioma extranjero con la mayor presencia del valenciano en las aulas, algo que los magistrados consideran «anticonstitucional» porque perjudica a las familias que eligen enseñanza en castellano para sus hijos.
