Ximo Puig ha cambiado el paso. No acepta más componendas del Gobierno de Mariano Rajoy una vez que se ha cumplido el 31 de diciembre de 2017 y nada se sabe de una propuesta oficial de nuevo modelo de financiación autonómica. El presidente de la Generalitat apremia todos los días con esta cuestión y ha puesto ya una raya que no quiere que se supere: la reforma del sistema de reparto de fondos a las autonomías ha de solucionarse antes que los presupuestos del Estado de 2018.
¿Por qué marca ese orden Puig? No es gratuito. En Presidencia están convencidos de que si Rajoy y su gabinete sacan adelante un pacto para las cuentas sin haber metido mano en la financiación autonómica, este asunto quedará postergado ya, como mínimo, hasta el próximo ejercicio.
El argumento es que una reforma del modelo obligaría con toda probabilidad a una modificación de los contenidos de los presupuestos de 2018 y, si el Gobierno los tiene ya aprobados (con la dificultad que ese trámite comporta al estar en minoría parlamentaria), poco interés va a tener en retocarlos a los dos días (es un decir) de haberles dado luz verde.
La lógica política invita a pensar que, con unas cuentas aprobadas, Rajoy y el ministro Montoro darán largas al problema de la financiación y lo despejarán tan lejos como puedan en el tiempo.
Un elemento imprevisible, no obstante, pueden ser las autonomías gobernadas por el PP, acuciadas también por el problema de la financiación. Castilla y León se ha destapado hasta la fecha como la más reivindicativa de este grupo. Con todo, es conocido el funcionamiento bien engranado de la disciplina de partido en Génova. Los mensajes de los últimos días de dirigentes (Martínez Maíllo y Arenas a la cabeza) defendiendo que nada se puede hacer sobre la financiación sin Cataluña puede ser indicio de un cambio de criterio en las autonomías con cabeza popular.
Si se tiene en cuenta además que entramos en año preelectoral para los gobiernos de las comunidades, cada día que se retrasa el asunto de la financiación puede traducirse en más dificultades de que se resuelva. Por eso la premura de Puig, que sospecha que el problema valenciano puede quedar en el cajón indefinidamente. La duda es si el Consell tiene posibilidades de respuesta más allá de las palabras.
