El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, logró después de tres cartas que Mariano Rajoy lo recibiera en Moncloa en septiembre para hablar de financiación autonómica durante dos horas en pleno estallido catalán. Los resultados se han comprobado nulos después, pero al menos la presión constante ejercida ha conferido un posición valenciana de liderazgo en esta cuestión que el Consell quiere mantener.

Con esas claves hay que interpretar el anuncio realizado en Madrid por Puig (está como año en Fitur) el mismo día (no es casual) que se cumplía un año de la conferencia de presidentes autonómicos en la que Rajoy se comprometió a tener un nuevo modelo de financiación autonómica en 2017.

Aquel encuentro fue en el Senado y al mismo lugar quiere regresar ahora el jefe del Consell. Por eso, el pleno del ejecutivo aprobará mañana pedir la comparecencia del máximo representante institucional valenciano en la comisión general de las comunidades autónomas de la Cámara Alta con el fin de denunciar la infrafinanciación valenciana y el bloqueo del Gobierno a la reforma del sistema.

La intención, dijo Puig, es «poner en evidencia que no podemos continuar así y que tenemos que buscar una fórmula que garantice la igualdad entre ciudadanos y la singularidad de los territorios». «En estos momentos hay un problema grave de falta de equidad y un problema de falta de financiación del conjunto del sistema autonómico. Eso liquida en parte el Estado del Bienestar», explicó.

El procedimiento de comparecencia de un presidente autonómico ante la citada comisión del Senado está regulado, aunque ha sido poco usado. La potestad en todo caso es de la cámara, controlada con una holgada mayoría por el PP.

Presidencia estudia ahora si en el pasado se han rechazado peticiones de asistencias. El precedente conocido es el del expresidente socialista de Cataluña José Montilla, quien compareció en 2010 para pedir la renovación del Tribunal Constitucional y el desbloqueo del Estatuto de Cataluña.

«Nos creímos la palabra del presidente» y «nos sentimos defraudados», afirmó ayer el jefe del Consell. Lamentó que el Gobierno intente insertar ahora en el debate otras cuestiones, como el conflicto catalán, cuando no era un actor ya en enero de 2017, y subrayó que la posición valenciana es la de huir de «victimismos» y «enfrentamientos entre comunidades».

Por otra parte, Puig instó a afrontar un debate «en serio» sobre las pensiones y no «lanzar globos sonda», sino «trabajar seriamente en el seno del Pacto de Toledo». Pidió huir de demagogias: «Debe haber un acuerdo posible. No se puede jugar con la incertidumbre de miles de ciudadanos».

Mientras, la vicepresidenta, Mónica Oltra, aseguró en la presentación de la Revista Valenciana de Estudios Autonómicos que las personas «están más y mejor atendidas y ven garantizados sus derechos cuanto más desarrollado está el Estado de las Autonomías».