Expedientados seis forenses por realizar prácticas privadas irregulares

Uno de ellos por emitir, en calidad de médico privado, certificados de incineración sin previa autorización de la administración para realizar dicha actividad. Los cinco restantes por realizar prácticas tanatológicas privadas (conservación y embalsamamiento de cadáveres) en dependencias municipales.

Actividades realizadas al margen de la compatibilidad de su calidad de funcionarios. Así lo manifestaron ayer la directora general de Justicia, Verónica López, y la directora general del IMLV, Elvira Garrido.

Esta última explicaba que la emisión de estos certificados lleva realizándose desde hace más de veinte años de forma habitual por un médico de oficio (sin coste alguno) en los casos de cadáveres judiciales para corroborar que el fallecido no presenta elementos termoactivos ni radiactivos que pudieran explotar en el proceso de incineración, como podría hacerlo un marcapasos.

Según Garrido, la normativa de estos certificados no recoge específicamente que estos deban ser expedidos por un forense en el caso de una muerte no judicial, sino que bastaría con una declaración del núcleo familiar.

Asimismo, explica que la relación jurídica entre los forenses del IMLV y el cadáver termina con la autopsia y que es, después, el horno crematorio el que solicita a la funeraria el certificado de reconocimiento a un médico privado.

Esta es una práctica por la que pueden llegar a cobrar entre ochenta y cien euros, según el cálculo aproximado de la responsable del IMLV. Sin embargo, asegura, la ganancia puede variar según el coste del desplazamiento o la dificultad del reconocimiento.

Estas deficiencias fueron detectadas por los Servicios de Inspección de la Generalitat tras la petición de uno de los trabajadores del IMLV, en noviembre de 2016, para investigar la relación causal entre la emisión de certificados de incineración y el sistema de guardias, que no consideraba equitativo.

Fue entonces cuando los servicios de inspección comenzaron a realizar entrevistas individuales entre los más de cuarenta forenses de València para analizar dicha petición.

Un año después, fruto de estas conversaciones, Inspección saca a la luz las deficiencias en el IMLV. Así, el Instituto alega a la Generalitat que emita una serie de recomendaciones para sus funcionarios y acabar, así, con un posible negocio en la medicina forense.

Desde noviembre, por tanto, se comenzó a remitir una nota interna a los especialistas para indicar que no podrán practicar actividades tanatológicas privadas sobre los cadáveres en los que hayan intervenido previamente en calidad de funcionario. Una actividad privada vedada e incompatible con los trabajadores públicos del IMLV, explicaba Garrido. Asimismo, aseguran, los certificados de incineración llevan emitiéndose desde noviembre por forenses de oficio y sin coste alguno.